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CHILPANCINGO, Gro., 29 de agosto de 2016.- El presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México), Edgardo Buscaglia llamó a los familiares de desaparecidos en Guerrero a iniciar con un proceso de justicia transicional.
Señaló quela sociedad civil debe ser la encargada de nombrar comisiones de la verdad que no dependan del Estado y, donde las victimas tomen el control y no permitan que existan organizaciones intermediarias que las represente, incluso, apuntó que se debe “auditar” a los funcionarios y promover el “boicot” de las elecciones.
Durante el primer foro estatal por la presentación con vida de los desaparecidos: Entre el dolor y la esperanza en el Congreso, Edgardo Buscaglia fue enlazado vía internet mediante una videoconferencia, en donde manifestó que la situación que se vive en México por las desapariciones forzadas, obedecen a que el sistema de justicia no funciona.
El especialista en temas de seguridad llamó a los familiares de desaparecidos a “dejar a un lado la resistencia civil pacífica (marchas reuniones, juntas)”, determinando que las víctimas “deben tomar el control y no permitir incluso, que haya organizaciones que las representen”.
Llamó a buscar a organismos internacionales que los financien para no recibir nada del Estado, “porque en ocasiones, es de ahí donde los corrompen”. Los invitó a “organizarse y dejar a un lado sus diferencias y protagonismos”.
Subrayó que “en México las comisiones de la verdad o de victimas que dependen del Estado, no sirven sólo son simbólicas porque los mexicanos no han aprendido auditar a los funcionarios y no boicotear elecciones. El gobierno debe sentir presión internacional y presión desde abajo, porque si eso no pasa, las comisiones sólo serán simbólicas y un cero a la izquierda”.
El foro fue organizado por el Centro Morelos y por la Comisión de diputados que dan seguimiento al caso Iguala, donde participaron familiares de la asociación Ciencia Forense Ciudadana, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, entre otros.
En su participación, el vocero de la agrupación Siempre Vivos, José Díaz Navarro denunció que la intervención de hombres armados en Chilapa (mayo de 2015), de donde derivó la desaparición de decenas de personas, fue orquestada desde el Congreso cuando el perredista, Bernardo Ortega Jiménez era jefe de la Comisión de Gobierno y esta acción, dijo el activista, fue consentida por el entonces gobernador interino, el perredista Rogelio Ortega Martínez.
Díaz Navarro relató que en Chilapa desde 2013 a la fecha, tiene registrado un aproximado de 500 casos violentos, entre homicidios y desapariciones. Señalando que “por esos hechos no hay un sólo detenido y todos le echan la culpa al Estado. No estoy defendiendo al Estado, pero nosotros tenemos nombres a quienes atribuyen la responsabilidad de la violencia y es el cártel de Los Ardillos, pactada desde las instalaciones del Poder Legislativo y consentida por Bernardo Ortega, quien es hermano de Celso y Antonio Ortega, a quienes se vincula como líderes de la organización delictiva”.