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IGUALA, Gro., 26 de junio de 2026.- Trabajadores y estudiantes del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro) cumplieron este viernes 26 días de paro laboral y cuatro días con las oficinas administrativas tomadas en este municipio.
Los inconformes exigen la renuncia del director general del Csaegro, Luis Arturo Bello Pérez; de la encargada del plantel de Iguala, Maricela Páez Barrios, así como de otros funcionarios, a quienes acusan de presuntos actos de corrupción y del presunto uso de recursos de la institución para beneficio personal.
Los inconformes señalaron que durante la actual administración, ingresaron trabajadores cercanos al director general y denunciaron la presunta desaparición de ganado, así como de más de 100 ejemplares del iguanario.
También acusaron que parte del equipo agrícola, entre ellos un tractor y diversa maquinaria, habría sido utilizado fuera de las instalaciones del plantel en beneficio de particulares.
Indicaron que el conflicto ha afectado a cerca de 100 trabajadores y más de 200 estudiantes, quienes permanecen sin actividades académicas normales desde el inicio del paro en este municipio.
Asimismo indicaron que existe un proyecto para que el Csaegro deje de depender de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y pase a formar parte del Instituto Politécnico Nacional.
Explicaron que aunque esta transición aún no ha sido definida oficialmente, la incertidumbre ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil por las posibles repercusiones en la continuidad y validez de sus estudios.
Los estudiantes que participan en el movimiento informaron que mantienen guardias permanentes en las instalaciones del colegio.
Recordaron que esta institución fue creada durante la administración del exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, luego de que se destinaran terrenos agrícolas que anteriormente pertenecían a la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma de Guerrero, lo que dio origen a un movimiento en demanda de la recuperación de esas instalaciones en Tuxpan.
Finalmente, trabajadores y estudiantes consideraron necesaria una auditoría integral por parte del gobierno federal para transparentar el uso de los recursos públicos y, en su caso, sancionar a los responsables de las presuntas irregularidades.