Llevan a SCJN lucha contra medidas coercitivas en estados por pandemia

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo de 2020.- Morena en el Senado de la República reacciona contra gobiernos que forman parte del frente común de la oposición y buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre constitucionalidad y validez de acuerdos y decretos emitidos, para suspender y restringir los derechos humanos al libre tránsito y de reunión de sus ciudadanos.

A través de una propuesta con punto de acuerdo promovida por las morenistas María Cárdenas Mariscal, María Guadalupe Covarrubias Cervantes y Lilia Margarita Valdez Martínez, y el senador Ricardo Velázquez Meza, irán por la aprobación de un exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial. 

Basados en los documentos publicados en los diarios oficiales de las entidades, señalaron tal situación en los gobiernos de oposición de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Baja California Sur.

El pasado viernes, los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez; Durango, José Rosas Aispuro; Michoacán, Silvano Aureoles; Colima, José Ignacio Peralta; de Jalisco, Enrique Alfaro; y de Coahuila, Miguel Riquelme, formaron un frente común para pretender echar atrás la nueva política de confiabilidad eléctrica publicada por la Secretaría de Energía (Sener).

Ahora, los senadores de Morena responden ante la Comisión Permanente y exponen que el pasado 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General emitió medidas de contención para enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del Covid 19.

Estos deben ser aplicados, sancionados y respetados por los tres Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, así como por el sector privado y organizaciones civiles, según el documento que se pondrá a disposición de la Permanente para su aprobación. 

Los morenistas aseguraron que se ha observado que la mayoría de los gobiernos estatales y municipales han acatado dichas medias con la finalidad de contener la epidemia del coronavirus. 

Sin embargo, señalaron que en la normatividad invocada por los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Baja California Sur no se establece la facultad expresa que les otorgue la posibilidad de suspender o restringir los derechos humanos o garantías individuales en perjuicio de la población que gobiernan.

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