La falta de sensibilidad política y solidaridad económica de la clase política está causando un profundo enojo en la población mexicana.

Más allá del incremento de los precios de los combustibles y la energía eléctrica, la sociedad pone la mira en los altos sueldos que perciben los políticos en las distintas áreas del poder y servicio público, incluyendo a los partidos políticos que, durante décadas han vivido a expensas de los dineros del pueblo.

Un “ya basta” del respetable se escucha cada vez más fuerte y persistente, a los que algunos altos funcionarios o gobernantes han tratado de matizar anunciando reducciones del 10 por ciento a sus sueldos, viáticos y demás gastos de operación, y cancelar obras aprobadas en el presupuesto de egresos. Para nadie es un secreto que a los políticos les interesa muy poco el sueldo, pues éste no constituye su principal ingreso, sino los inherentes al puesto que ocupan.

Por si fuera poco, en el caso del Poder Legislativo federal y los 32 congresos locales, algunos de nuestros representantes carecen del nivel académico y la experiencia política o legislativa que respalde el cargo que ocupan. Con estas deficiencias no serían merecedores de tres salarios mínimos en la empresa privada, agravado porque no saben hacer nada.

Otro caso, y éste sí de escándalo, lo constituyen los integrantes de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral quienes perciben sueldos estratosféricos en un país donde más de la mitad de las familias tiene serias dificultades para llevar alimentos a su mesa.

Es tiempo de que la plutocracia que ha gobernado al país le rinda cuentas al pueblo. Sabemos que todo Estado cuenta con tres funciones económicas básicas: la eficiencia, la equidad y la estabilidad y, cuando menos, en las dos primeras, la clase política mexicana ha fallado; la eficiencia sirve para corregir las fallas del mercado para que no existan monopolios. Miren, que ironía, es precisamente por culpa de la corrupción de nuestro principal monopolio que estamos como estamos.

La equidad comprende a los programas públicos para aliviar la pobreza de los segmentos de la población más desprotegidos, pero mucho de esos recursos se queda en los bolsillos de los operadores de esos programas y sus familiares o en personajes hábiles en formar sociedades que encuadren en la población objetivo.

Habría que reconocer que en cuanto a estabilidad económica, las autoridades financieras han hecho un buen papel al mantener a raya la inflación, aunque sea a costa del desempleo y esto aunque no es lo deseable ya es ganancia en un mundo globalizado.

Por ello, no hay mucha tela de donde cortar, más que de una, de las jugosas percepciones de la clase política, aunque para ello la Cámara de Diputados tenga que rehacer el presupuesto federal y reasigne los dineros escasos.