Después de la inseguridad, la corrupción es el problema que más preocupa a la población en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es un fenómeno que, como señala la segunda edición del estudio Anatomía de la Corrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es visto como un problema grave por 79 por ciento de los mexicanos.

El Inegi estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4 por ciento del PIB.

Los ciudadanos deben jugar un papel fundamental en el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que hasta ahora sigue trunco e incompleto.

Se trata de que la sociedad civil esté actuando y haciendo valer sus puntos de vista, de que interactúe de una manera más directa con políticos y autoridades, que se le tome en cuenta y que se le incluya en la toma de decisiones. Vigilar, presionar y señalar todo aquello que afecte la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

El combate a la corrupción no debe ser una simulación, no debe ser de forma sino de fondo, no debe ser protección sino de sanción y resarcimiento del daño patrimonial que se genere.

Reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, y combatirla eficazmente fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades y la erradicación de la pobreza global.

De acuerdo con el Barómetro Global de la corrupción en su informe publicado en 2017, se confirma que la corrupción va en aumento. Se percibe a policías y políticos como los más corruptos y los índices más elevados de soborno se observan en relación con la atención de la salud y las escuelas. Pocos denuncian la corrupción y quienes lo hacen sufren represalias. Siete de cada diez están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción.

 

Recomendaciones:

Preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción. Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la credibilidad de estos esfuerzos. Los gobiernos deben crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción, incluida su libertad operativa y física, tanto de iure como de facto. Los gobiernos deben permitir la participación cívica en el monitoreo y la denuncia de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la información.

Proteger a los denunciantes. Los gobiernos deben crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia. Las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los responsables deben estar sujetos a sanciones administrativas y/o penales. La legislación que adopte el gobierno debe asegurarles a los denunciantes cuya vida o seguridad se encuentre en riesgo el derecho a recibir protección personal para que el sistema de denuncias tenga eficacia y la población paulatinamente recupere la confianza en el Estado de Derecho.