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ACAPULCO, Gro., 29 de agosto de 2025.- Cerca de 50 integrantes de colectivos de familias de personas desaparecidas marcharon este viernes en el puerto, como parte del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La marcha inició a las 12 horas del Asta Bandera a la glorieta de La Diana Cazadora, sobre la avenida Costera Miguel Alemán.
Durante el avance del contingente, los manifestantes encontraron a trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) retirando fotografías que anteriormente habían colocado madres buscadoras, como parte de sus acciones de visibilización, pero ellos negaron haberlas retirado.
Las familias reprocharon este hecho y lo señalaron como un reflejo de la falta de sensibilidad institucional hacia su exigencia de verdad y justicia.
La movilización de las madres buscadoras coincidió, en la glorieta de La Diana, con el movimiento de trabajadores de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).
En ese sitio, los colectivos instalaron un plantón en la intersección de las avenidas Farallón y Costera Miguel Alemán, donde reiteraron su permanencia hasta obtener respuesta a sus demandas.
Los colectivos exigieron homologar la Ley Estatal de Desaparición con la Ley General, y que la atención a víctimas se impulse también desde los municipios, como ocurre en Morelos, donde se creó la figura obligatoria de oficinas locales de atención a víctimas y búsqueda.
La jornada de movilización permanece en la glorieta de La Diana, donde las familias insistieron en que continuarán en las calles y en el ámbito legislativo con propuestas de política pública, hasta que el Estado garantice verdad, justicia y condiciones de seguridad para quienes buscan a sus seres queridos.
En entrevista, el integrante de la Secretaría Técnica de Familias en Búsqueda María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda y de la Red de Enlaces Nacionales, Noé Amezcua Domínguez explicó que la lucha de las familias en Guerrero tiene un peso histórico y repercute a nivel nacional.
“Aquí existe un continuo de desapariciones desde el terrorismo de Estado de los años setenta hasta lo que vivimos hoy. La participación de los colectivos guerrerenses ha marcado la agenda nacional”, sostuvo.
Amezcua Domínguez señaló que pese a los avances en organización, persisten déficits graves en la atención, ya que las familias no tendrían por qué mendigar la canasta básica al tratarse de un derecho.
“Aún hay desigualdad, se habla de familias buscadoras de ‘primer nivel’ y de ‘segundo nivel’, lo que va en contra del principio de equidad. Los derechos deben garantizarse para todas las víctimas”, criticó.
Recalcó además que la autoridad convierte a los colectivos en mano de obra barata durante las búsquedas, ya que son las familias quienes hacen los rastreos en campo, mientras las instituciones sólo acompañan sin generar planes estratégicos.
“La responsabilidad real es del Estado mexicano, no de las familias. Son las instituciones las que deben servir a las víctimas”, agregó.