Marea verde imparable: Congresos, obligados a despenalizar aborto

ACAPULCO, Gro., 4 de noviembre de 2021.- Las y los legisladores de los congresos locales en 27 estados mexicanos tienen la obligación de intervenir los códigos penales estatales y cualquier otra norma que criminalice la interrupción del embarazo, explica Rebeca Loera, coordinadora de incidencia en políticas públicas de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida).

“Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007, los congresos locales han tenido la opción de legislar en sus territorios, pero pocos lo hicieron. El reciente fallo de la Corte lo que les dice ahora es: si no despenalizas estás yendo contra la Constitución”, recalca la especialista.

Pasó más de una década desde la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la CDMX para que otro estado avanzara en este sentido. En 2019, Oaxaca dio el paso; dos años más tarde, este 2021, a la corta lista se unieron Veracruz e Hidalgo, y apenas hace unos días Baja California. Esto quiere decir que son cinco las entidades que se han pintado de verde. 

En el resto del país todavía hay normativas que criminalizan el aborto en las primeras semanas de gestación, salvo algunas excepciones que varían entre cada uno de los estados, como que el embarazo sea a consecuencia de una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el producto tiene malformaciones o por causas económicas graves.

Pero este año, el 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, además de pronunciarse a favor de que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos sin que esto conlleve consecuencias penales, abriendo un parteaguas para que en todo México se avance hacia la despenalización. 

“Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión que me parece, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral y social, individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar”, fue uno de los argumentos de la ministra Margarita Ríos Farjat en una de sus intervenciones durante la sesión. 

La resolución de la SCJN abre la pauta a iniciar procesos legislativos en cada uno de los 27 estados. “Se necesita de, al menos, un legislador o legisladora que se tome en serio este tema, emprenda su propia iniciativa y ésta sea analizada en las comisiones pertinentes para dar su salida ante el Pleno y se proceda a votación favorable”, explica Rebeca Loera. 

Apenas el viernes 29 de octubre, el Congreso de Baja California rechazó realizar modificaciones a la Constitución local que garantizarían a las mujeres y personas gestantes en el estado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Faltó uno de los 15 votos a favor necesarios para que las y los diputados hicieran las modificaciones constitucionales, lo que fue en contra de la reciente sentencia de la SCJN.

Sin embargo, en una segunda votación, el Congreso sí aprobó modificaciones al Código Penal local para despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, así como reformas a la Ley estatal de Salud (para garantizar el acceso a servicios de aborto legal) y a la Ley de Víctimas (para reconocer el derecho de anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo a víctimas de violencia sexual). Así, con 15 votos a favor, Baja California se convirtió en el quinto estado mexicano en despenalizar el aborto.

La diferencia entre lo que ocurría antes, cuando llegaban estas iniciativas al Pleno, es que ahora los congresos locales no pueden ir en contra de la Constitución, por lo que el fallo de la SCJN es una herramienta para que se pueda legislar sobre el respeto al derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. 

El 29 de junio de este año, por ejemplo, el Congreso de Baja California Sur rechazó aprobar la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación; con ocho votos a favor, seis en contra, cinco ausencias y dos abstenciones, las y los legisladores rechazaron la iniciativa. Meses antes, en Quintana Roo el Congreso otorgó 13 votos en contra y siete a favor sobre la iniciativa de la interrupción legal del embarazo, luego de que los grupos feministas presionaran a las y los diputados locales a legislar en la materia.

El camino que marcó la SCJN con su reciente resolución es que para los congresos locales ya no es opcional la despenalización, “en más de una ocasión estos avances dependieron de arreglos políticos o voluntad política, pero ahora ya no tienen otra opción más que legislar en favor de nuestros derechos”, insiste Loera. 

“El camino está trazado y se tiene que hacer sí o sí. El fallo de la Corte no es sólo jurídico sino político”, advierte Adriana Jiménez, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser). La especialista, también integrante de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., señala que el obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos ha sido utilizado políticamente. 

Ambas coinciden en que el momento político actual ha logrado que se avance en pro de los derechos de las mujeres y personas gestantes, una combinación entre que hay más perspectiva de género dentro de cargos de toma de decisión y legisladoras y legisladores de izquierda que han votado en pro de estos derechos. Jiménez ejemplifica esto con el papel de diputadas como Hilda Luis, Tatiana Ángeles y Mónica Robles en los avances legislativos en Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.  

¿Cómo afecta la criminalización del aborto?

Según el Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica de la Asamblea General de Naciones Unidas, “criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres, pues las expone a riesgos para su vida o su salud con el propósito de preservar su función como agentes reproductores y privarlas de autonomía en la adopción de decisiones sobre su propio cuerpo”. 

Con base en los datos presentados en el informe, 40% de las mujeres de todo el mundo están sometidas a leyes restrictivas, incluyendo aquellos países en donde son encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que pese a la penalización, la interrupción del embarazo ocurre, orillando a las mujeres a acudir a soluciones clandestinas y peligrosas, sobre todo para aquellas menos privilegiadas económicamente. En suma, la criminalización desde las leyes de cada país estigmatiza el procedimiento, limitándolas en su toma de decisiones. 

En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU dice que la penalización de los servicios de salud, incluido el aborto, es una forma de discriminación. Por ello, “es importante que los congresos locales ya no hagan oídos sordos y que escuchen a quienes están trabajando en impulsar los cambios legislativos que las mujeres mexicanas merecen”, enfatiza Rebeca Loera, de GIRE.

Información y servicios, la ruta paralela

Mientras la ruta legislativa avanza, hay otros dos caminos que las especialistas señalan para garantizar que las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos libres y seguros en México. 

Primero, el papel del Poder Ejecutivo Federal en la difusión de información para toda la población para ejercer el derecho a decidir. Loera señala el reciente proyecto que la Secretaría de Salud (Ssa) emitió: el Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024 que coloca al aborto seguro como un objetivo prioritario dentro de la política de salud. 

“En México, toda persona con capacidad de gestar, incluyendo a niñas y adolescentes, tiene derecho al acceso universal a la protección de la salud, incluida la sexual y reproductiva. Por ello, sin distinción pueden solicitar servicios de aborto seguro, en los marcos previstos por la ley”, señala el documento. Además, enfatiza en que en estos casos, las personas deberán ser provistas de toda la información científica necesaria para tomar una decisión informada que asegure su salud y el respeto a sus derechos humanos. 

En este sentido, las especialistas recalcan que el fallo de la SCJN permite con mayor claridad que este programa opere de forma más segura y amplia, con la protección de la Constitución y la Corte. 

En el mismo documento, la Ssa establece que la seguridad de la atención del aborto no depende sólo de un marco legal, sino de la adecuada implementación de los servicios para garantizarlo. “Frecuentemente se presentan barreras en la disponibilidad y acceso oportuno al aborto como las interpretaciones restrictivas de las leyes, la falta de información de las y los profesionales de la salud y el estigma, la solicitud de requisitos innecesarios, como periodos obligatorios de espera, consejería obligatoria, autorización por una tercera instancia y pruebas médicas no indicadas o información errónea que conduce al retraso en la atención”. 

Adriana Jiménez dice que además de esta ruta, fuera de los congresos y del gobierno se debe seguir construyendo acompañamiento y, sobre todo, impulsar la despenalización —”porque hay que recordar que esto es resultado de un movimiento social”—, trabajar en la implementación de los servicios, incluyendo aquellos que ya contemplan las legislaciones con las causales que permiten el aborto. “Avanzar en el tema de las leyes nos pone en la mitad del camino, comienza el trabajo real para que las mujeres en cualquier municipio, sin restricción, puedan acceder a un aborto gratuito, libre y seguro”.