Teléfono rojo
¿De qué sirve victimizarse?
Cuando los actores políticos se ven envueltos en escándalos tienden a victimizarse. Con eso solucionan sus problemas de conciencia pero no resuelven en nada los problemas que afectan a los ciudadanos.
En el caso de los policías de Zihuatanejo no hay que perder de vista que 20 de ellos ya fueron recluidos en el penal de Acapulco para ser juzgados por delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Esto para no adelantar juicios de que la intervención de la federación y el estado fue con supuestos tintes partidarios.
Hay que aceptar que el motivo de la intervención tendría ciertamente su referente en casos anteriores en los que gobiernos perredistas se han visto involucrados en hechos de infiltración criminal similares, como el de Iguala con José Luis Abarca.
La diferencia es que en ese entonces el PRD gobernaba Guerrero y ahora es el PRI y que en esa ocasión ninguna autoridad intervino hasta que hubo normalistas muertos y desaparecidos que lamentar.
En el caso de los uniformados que acreditaron ser policías y no tener vínculos con la delincuencia, fueron dejados en libertad.
Pero no es tiempo de generalizar con el argumento de que esto significa que los 60 que en total habían sido detenidos estén libres de culpa, pues en el caso de 20 el Poder Judicial de la Federación ya consideró que hay elementos para juzgarlos y serán inocentes hasta que no exista sentencia condenatoria contra ellos.
Los que quedaron libres sí merecen que su honor y reputación sean limpiados, al no haberse encontrado nada que motivase su detención.
Sin embargo, el tema es más amplio y tiene que ver con la incapacidad para implementar el proceso de certificación ante la falta de recursos económicos para liquidar laboralmente a quienes no aprueban los exámenes de control de confianza.
Tampoco avanza en el Poder Legislativo el tema del mando mixto o mando único que parece no estar en la agenda de los partidos políticos, ni siquiera cuando ven afectada su imagen pública al intervenir la federación en alguno de los municipios que gobiernan.
Cuando es así, los partidos no pasan de desgarrarse las vestiduras y victimizarse, como es el caso del PRD en esta ocasión, pero no llevan los temas al Congreso de la Unión para que en realidad se haga algo por evitar que estos casos vuelvan a repetirse.
Hay que reconocer que a partir del desarme de la policía de Zihuatanejo han bajado los hechos delictivos en ese puerto, como pasó en Acapulco cuando en el periodo de Luis Walton se desarmó a los uniformados.
Y es que volver a darles armas a policías no certificados como lo hicieron Evodio Velázquez Aguirre en Acapulco y Gustavo García Bello en Zihuatanejo, no es la solución, eso es agrandar el problema tratando de sobrellevarlo e incurrir además en violar la Ley.
El PRD debe fortalecer a sus alcaldes impulsando ante el Poder Legislativo que haya recursos para liquidar a los policías certificados y que se concrete el Mando Mixto que hizo como contrapropuesta al Mando Único, pero que se ha visto lento e inoperante para impulsar en su agenda legislativa.
Las marchas y acusaciones no sirven de nada, cuando no se realizan las acciones que corresponden en las instancias donde representa a los ciudadanos y en las que deben construirse las soluciones.