Médula/Jesús Lépez

Banqueros y políticos… ¿Damas de la caridad?

No sólo los partidos políticos deben aportar parte de los recursos públicos que reciben para fondear la reconstrucción de las áreas devastadas por fenómenos naturales en el país, los banqueros también tendrían que devolverle al país un poco de las exorbitantes ganancias que obtienen del dinero de los mexicanos.

No hablo solamente de las comisiones que cobran a los usuarios comunes, sino de los millonarios intereses que cobran a los gobiernos estatales y locales, y que harían bien en suspender a aquellos que tienen población afectada al menos por el tiempo que dure la contingencia.

Para dar una idea, de los 328 millones 127 mil 770.02 pesos que el estado de Guerrero prevé pagar este año a tres bancos que de 2009 a 2013 le otorgaron seis créditos, sólo 134.4 millones son de capital y la mayor parte, 193.6 millones de pesos, es el pago de intereses.

Debo precisar que estas cifras corresponden a la proyección del pago de la deuda durante todo el ejercicio fiscal 2017, por lo que sería irresponsable afirmar que esos 193.6 millones fueran a dar enteros a la reconstrucción de los municipios afectados en el estado, pero un porcentaje de éstos sería de ayuda.

De la misma forma los partidos políticos, los tradicionales y los que se dicen no tradicionales, que se encuentran en una demagógica competencia por ver quién oferta más, ya sea en porcentajes o en el monto total del dinero de sus prerrogativas, pero deberían ir más a fondo y romper de una vez por todas con la manera tradicional de elegir representantes en este país.

En principio quiero expresar que jamás he estado de acuerdo en que el que saca más votos en una elección reciba más dinero, porque su ganancia ya fue el hacerse del gobierno y de la administración de los recursos.

Si además se le da al vencedor el valor agregado de recibir más dinero que los demás para su difusión e incluso para la compra de votos y el acarreo, tenemos competencias realmente inequitativas en las que las opciones alternativas para los ciudadanos tienen mínimas posibilidades, ya que compiten contra el poder político, el económico y estructuras más consolidadas y “aceitadas”, como se dice en la jerga partidista a los incentivos que otorgan a sus militantes y simpatizantes vía programas y nóminas de gobierno.

Es tiempo de una reforma política seria, no de un asunto coyuntural del que los políticos quieren sacar raja de una desgracia presentándose como damas de la caridad.

Una reforma en la que se revolucione la forma de hacer campaña política con menor dinero posible.

Que sea el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPLES) quienes administren el reparto equitativo de espacios en radio, televisión, e incluso el recurso económico para otros tipos de medios de comunicación, garantizando como árbitro el acceso, espacio y periodicidad igualitarios para todos los aspirantes.

Que en éstos se difunda la biografía, el currículum y las propuestas que habrán de defender en un debate público ampliamente difundido en todos los medios de comunicación, y que se proceda un par de días después a votar.

Debemos terminar con este sistema electoral basado en el derroche y la dádiva. La naturaleza nos está enseñando claramente que el país tiene otras prioridades económicas y los políticos ganas de lucrar electoreramente con la desgracia, aportando o fingiendo que están dispuestos a hacerlo, una pequeña limosna.

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