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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2019.- Partiendo de mecanismos internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, sobre Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros, el gobierno mexicano deberá reclamar parte de los bienes decomisados al ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, informó que pronto México deberá realizar el reclamo y un acuerdo con Estados Unidos, a la luz del anuncio de que se busca la fortuna del narcotraficante que asciende a 14 mil millones de dólares.
Aunque al momento no se tiene conocimiento de dónde están esos bienes y considerando que son las autoridades estadounidenses quienes cuentan con la información y la capacidad técnica de las ganancias que presumiblemente son el patrimonio de El Chapo, el senador de Morena señaló que resulta conveniente solicitar formalmente la creación de una Comisión Binacional para negociar la repartición de estos recursos.
Lo anterior, apelando al principio de que las actividades delictivas desarrolladas durante años por Guzmán Loera han afectado a millones de personas en México y Estados Unidos.
“Contar con recursos para mitigar el impacto de las actividades criminales es un acto de defensa de los derechos humanos en la población en ambos países”, dijo el morenista al referir que hasta ahora no hay propiedades a nombre del narcotraficante, quien recientemente fue sentenciado a cadena perpetua.
El coordinador del Grupo Parlamentario de los senadores de Morena apeló con urgencia a la creación de una comisión para que no suceda de nueva cuenta que México no reclama ningún derecho sobre los recursos decomisados, productos de actividades ilícitas como: tráfico de drogas, lavado de dinero o delincuencia organizada.
Como Senado de la República adelantó que lo plantearán al Gobierno de México para que a través de la Cancillería, se prepare en la defensa jurídica y hacer una reclamación justa de los recursos que le pertenecen.
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