Mochila segura: criminalizar a los niños

Casi a botepronto, tras la tragedia donde un adolescente disparó a su maestra, a tres compañeros y a sí mismo en un colegio de Monterrey, el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer anunció desde Acapulco el reforzamiento de la seguridad en las escuelas del país.

Un día después, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las secretarías de Gobernación y Salud reforzar los protocolos de seguridad en las escuelas, para que no se repita un ataque como el de Nuevo León, según dijo.

Tanto Peña como Nuño se referían a retomar la operación policiaca denominada Mochila Segura, como quedó claro horas más tarde, cuando en cascada volvió a aplicarse en casi todos los estados del país, ante el aplauso fácil de una sociedad conmocionada por el suceso.

Sí, la solución de siempre, ante cualquier problema social: echarle la policía a los ciudadanos, y en este patético caso, a los niños y adolescentes. Una medida, que se inscribe en la misma lógica del modelo prohibicionista y punitivo de la estrategia contra las drogas y la violencia, que lleva diez años demostrando su fracaso a sangre y fuego.

Mochila Segura no es ninguna medida acertada. Por el contrario, ha sido considerada como un abuso a los derechos de los niños, que invade la privacidad de los estudiantes, a quienes trata como delincuentes. Es una política abusiva, invasiva, inadecuada e impertinente.

La operación policiaca Mochila Segura ataca un problema violando los derechos humanos de los niños y adolescentes. Termina por criminalizarlos a través de medidas de agravio, de cateo y revisión. Afecta su derecho a la privacidad, a la intimidad y a no ser molestados.

Este programa surgió cuando la seguridad escolar pasó de un modelo enfocado a los desastres naturales a uno de violencia. A raíz del terremoto de 1985, las medidas de seguridad en las escuelas tuvieron una orientación a la protección civil, pero diez años después asumieron un enfoque de combate al pandillerismo y el consumo de drogas.

El primer registro que se tiene del Mochila Segura se encuentra en 2001, en una escuela secundaria de Iztapalapa, del entonces Distrito Federal, que se aplicó ante las versiones de que se introducían armas y drogas. En su primera revisión, la operación policiaca no encontró nada.

De ahí en adelante pasó a convertirse en un trámite administrativo y propagandístico para hacer saber a la comunidad que se atacaba la violencia escolar. No obstante, se ha llegado al extremo de utilizar policías federales y hasta militares, con perros antinarcóticos en las escuelas, con todo y el impacto sicológico y emocional que esto conlleva en los menores.

Es una constante que en las revisiones del Mochila Segura se encuentren frutas podridas y tortas en descomposición entre las pertenecías de los alumnos, lo que confirma la ridiculez de una abusiva operación policiaca del Estado contra niños y adolescentes.

En la mayoría de los casos, el resultado se ha reducido al decomiso de tijeras, correctores y marcadores hechos con solventes. Asimismo, reproductores de música, videojuegos, cinturones, collares, cosméticos y hasta gel.

Y a veces, el Mochila Segura se cubre de gloria con revistas y películas pornográficas, preservativos y cigarros. Algunos de estos son objetos que pueden ser considerados como malos o nocivos por policías o profesores, dependiendo de sus creencias e ideologías.

Se trata entonces de un programa donde no hay control, reglas, métodos ni protocolos establecidos. En Guerrero, por ejemplo, no está legalmente reglamentado.

Como dijo Emilio Álvarez Icaza, “el tema no es de la puerta de la escuela para adentro, sino hacia afuera. Tenemos que estar muy claros que el debate no es Mochila Segura sino Ciudad Segura”.

En otras palabras, Mochila Segura no resuelve el problema de raíz. La solución no está en bolsear a los niños y ni siquiera en la pistola que les encuentren, sino en las causas por las cuales portan un arma y para qué.

Pero las causas van más allá de la pérdida de valores morales, la desintegración familiar o la satanización de los videojuegos, las redes sociales y la tecnología. Estos factores pudieran explicar algunas acciones violentas, pero no a la violencia en sí.

Desde otro punto de vista, el problema de la violencia es estructural. Esto significa que su origen no está en quienes la cometen sino en su contexto y en las estructuras políticas, económicas y culturales que los rodean.

El problema de la violencia es, pues, sistémico. Un adolescente armado también se explica por la impunidad, la corrupción, la injusticia, la deshumanización y la indiferencia que ve por todas partes.

Así que el problema de la violencia no está en la mochila de un niño. Puede estar en las mochilas de políticos, empresarios y demás representantes de las estructuras sociales. Y esas sí, urge que sean esculcadas.