Moralmente derrotados

Lo nuevo no es que mientan, sino que perdieron credibilidad.

Seguirán repitiendo las frases que tantas veces les hemos escuchado, amplificadas por la ingente propaganda oficial, pero ya no son convincentes fuera de su base electoral y el desgaste, incluso dentro de ella, es innegable.

A estas alturas, escuchar a gobernantes, legisladores y dirigentes de Morena apelar a su autoasignada superioridad moral solo genera hilaridad.

Los escándalos recientes quebraron la narrativa oficial, su control de daños no solo ha sido fallido, también contraproducente y no tienen manera de evitar que se sigan repitiendo.

Es verdad que estos excesos se vieron también en el sexenio pasado, pero la confianza se corroe con el tiempo y ahora el líder opera desde las sombras, no da la cara y la sucesora no tiene el mismo impacto comunicativo ni el mismo teflón.

El daño que resienten ahora es mayor y les cuesta más trabajo desviar la atención y cambiar de tema.

La orden de aprehensión y fuga de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública en Tabasco nombrado por Adán Augusto López, fue dada a conocer por el general Miguel Ángel López, comandante de la 30 Zona Militar.

 Inconcebible que lo haya hecho sin el aval del secretario de Defensa; y éste no lo hubiera dado sin consultarlo con la Presidenta. La fisura es evidente y conocida, lo novedoso y sintomático es la incapacidad para contener los efectos de la revelación que seguirán creciendo mientras Adán Augusto siga al frente de Morena en el Senado.

Los vínculos del exsecretario de Gobernación desde hace tres décadas con el prófugo y su familia, la imposibilidad de desconocer sus actividades ilegales, siendo que está documentado que le informaron antes de nombrarlo y los partes del Ejército que dieron cuenta de ellas fueron publicados tras el hackeo de Guacamaya en 2022, y cómo la administración de Donald Trump aprovechó esto para presionar y poner a la defensiva gobierno mexicano, llegó a la portada del New York Times y numerosos medios internacionales han consignado el asunto.

La dificultad de deslindar a López Obrador de su “hermano” Adán Augusto y todo lo que éste sabe del “movimiento” y sus entrañas complican su sacrificio.

La vinculación gubernamental con el crimen organizado y la protección e impunidad que prevalece en la nata del obradorato no es el único frente abierto.

Tampoco pueden cerrar el de los lujos y privilegios que exhiben en todo el mundo.

Los  viajes, propiedades, camionetas, autos de alta gama, escoltas, joyas, relojes y muchas otras cosas reveladas no son acordes con la cacareada austeridad ni corresponden a sus ingresos.

Argumentan que los hacen con recursos propios, pero eso aumenta la sospecha de su origen oscuro, no solo por los onerosos gustos sino también por los negocios turbios y el nivel de corrupción en un régimen que convirtió en regla las asignaciones directas y la opacidad.

 Peor aún, el gobierno norteamericano seguramente ve en tales demostraciones de riqueza la constatación de lo que han llamado “intolerable alianza con los cárteles”.

Andy, el príncipe heredero en Tokio, hospedado en hotel de cinco estrellas y pillado en la exclusiva tienda Prada, haciendo shopping con acompañantes que le cargan las bolsas, es la imagen que sepulta la demagógica cartera con 200 pesos con la que su padre engañaba a los mexicanos.

A la ostentación hay que sumarle la prepotencia y abuso de poder que, por cierto, van de la mano.

Fernández Noroña y Gutiérrez Luna, presidentes del Congreso que gustan de mostrar sus lujos, han sido protagonistas de penosas venganzas personales contra ciudadanos, manipulando instituciones. En el pecado llevaron la penitencia.

 El primero quedó apestado desde entonces y el segundo arrastró al descredito por propia soberbia a su esposa diputada Diana Barreras, también de gustos caros, la cual ya no podrá quitarse el mote de Dato Protegido.

Los moralmente putrefactos muestran desprecio por la opinión pública y no van a cambiar. Prefieren que los excesos no tengan costos, garantizando su permanencia en el poder.

Ése es precisamente el objetivo de la reforma electoral, tarea que Claudia Sheinbaum acaba de encargar a Pablo Gómez.