Movimientos sociales surgen ante falta de justicia y seguridad, señalan

ACAPULCO, Gro., 9 de julio de 2023.- Organizaciones sociales coincidieron en que la incapacidad de las autoridades por responder a las demandas de justicia, seguridad y respeto a los derechos humanos, ha llevado a integrar movilizaciones que alcanzan lo que las instituciones no han podido durante décadas.

Este fin de semana se llevó a cabo el foro Justicia y Seguridad en la Universidad Loyola del puerto, donde participaron integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC); del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti); el exintegrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes; así como Samantha Colón Morales, esposa del desaparecido miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Suástegui Muñoz.

Durante la mesa Justicia Cotidiana, señalaron que es el propio Estado el obstáculo al que las organizaciones se enfrentan, y cuya conformación es de los pueblos, de la sociedad o por el dolor de las víctimas de los atropellos y agravios de las instituciones.

El vocero de la CRAC-PC, Sabás Aburto Espinobarro destacó que la capacidad organizativa, antes de la conformación a la Policía Comunitaria en 1995, demostró que la desconfianza en los diferentes órdenes de gobierno los llevó a ser conscientes de un grado extremo de inseguridad. “Si no hubiera inseguridad, nosotros no existiríamos”, señaló durante su intervención.

Aburto Espinobarro reclamó que mediante reformas, el Estado ha intentado coartar su autonomía aprobando la Ley 179, no obstante se apelará ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para hacer valer la Ley 701 de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas.

Próxima a cumplir 28 años en octubre, destacó que los integrantes de la CRAC han sido designados mediante asambleas y no autonombrados como los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación de la que se deslindó.

A su vez el exintegrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero por las víctimas del periodo de la Guerra Sucia, Nicomedes Fuentes García habló de la voluntad que la actual administración federal mostró, ante la exigencia por saber dónde se encuentran los luchadores sociales desaparecidos en esta entidad.

Aseguró que el problema del acceso a la información sigue siendo el Ejército, institución que mantiene a comandantes que cometieron actos de tortura contra quienes formaron parte de las movilizaciones de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez.

Dijo que se logró rescatar más de 300 mil fotografías y documentos, que dieron pie a los Archivos de la Represión, una plataforma en Internet abierta a todos los usuarios que se integró en coordinación con la organización Artículo 19.

Añadió que entre las exigencias al Estado están las medidas de no repetición y rescate de la memoria histórica, porque “los compañeros desaparecidos no eran delincuentes como los hizo ver el gobierno, eran luchadores sociales”.

Antes, Samantha Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Cecop, Vicente Suástegui Muñoz, dijo que la desaparición de su esposo no es un caso aislado y en su búsqueda ha sido revictimizada al acercarse a las autoridades.

La ahora integrante del colectivo Memoria Verdad y Justicia, organización creada hace poco más de un año por familiares de otras personas desaparecidas, indicó que el caso de su esposo, un defensor de los recursos naturales, es uno de muchos ejemplos de impunidad, pues a pesar de que las investigaciones avanzan, aún no hay noticias de él.

Así también el integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Hugo Ozuna contó cómo la tortura y la desaparición forzada como estrategia de contrainsurgencia se repiten en los lugares donde se juzga el origen de nuevas formas de buscar la verdad y la justicia entre las víctimas y sus familias.

Advirtió que la mitad de las desapariciones en la cifra oficial ha ocurrido de 2018 a 2022, lo cual advirtió, es un signo de alarma, pues también existen ejecuciones extrajudiciales y Guerrero ocupa el primer lugar, de acuerdo con sus registros.

La moderación de la mesa estuvo a cargo de la investigadora Javiera Donoso, quien comentó las formas en que las organizaciones están construyendo justicia a partir del conocimiento empírico y muchas veces son reprimidas por el Estado.