NAIM sigue con inversión de 100 mil mdp, afirma titular de SCT en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre de 2018.- El megaproyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) avanza, aseveró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, al destacar una inversión hasta el momento de 100 mil millones de pesos y una concentración de 175 mil millones que aportan ya beneficios sociales y económicos.

En respuesta al cuestionamiento del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, precisó en cifras puntuales que se han pagado 60 mil millones de pesos en obra y 40 mil millones en materiales adquiridos por parte de las empresas que participan. Como quinto Secretario de Estado que comparece en el Senado de la República, esta vez ante la Comisión ante la Comisión en la materia que preside el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, resaltó que la mega obra de la nueva terminal aérea del país proyecta resolver la saturación del actual aeropuerto.

Además, el NAIM pretende resolver la creciente demanda de transporte de pasajeros de carga durante los próximos 100 años, convirtiéndose en el hub más importante de América Latina, es decir, el centro de conexión de un aeropuerto importante del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad.

El funcionario federal detalló ante los senadores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que en el megaproyecto trabajan en 307 empresas, de las cuales 90 por ciento son mexicanas.

“Se han generado más de 45 mil empleos con una proyección de 60 mil al término del año y se ha beneficiado de manera directa a 17 mil personas a través del programa de empleo temporal”, mencionó el titular de la SCT.

La dependencia a su cargo calcula que en toda la etapa de construcción se generarán un total de 160 mil empleos y en su máxima etapa de operación 450 mil.

Ruiz Esparza aseguró que el NAIM se realiza bajo el esquema de contrataciones abiertas, modelo promovido por el banco mundial para transparentar la información en todas las etapas del proyecto y con observadores permanentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

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