Dice el viejo refrán que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. El gobierno de la República podrá tener los mejores propósitos de transformar al país, pero en este esfuerzo, no pueden sustraerse de ser evaluados y comparados.

En días recientes la fracción de Morena presentó una iniciativa para eliminar 44 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); la propuesta fue frenada en el Senado por la oposición y encontró un contundente rechazo en el sector de creadores de cine, entre ellos el emblemático Guillermo del Toro.

Así, se abre un periodo de consulta a la sociedad civil a través del Parlamento Abierto, aunque se anticipa que varios fideicomisos podrán sobrevivir la acometida del gobierno federal que busca recursos en donde sea, al costo que sea, para enfrentar la pandemia por Covid 19.

Al gobierno federal no le salen las cuentas desde el año pasado, al frenarse el crecimiento económico; hoy la recesión será mayor, pero apostar a desmantelar instituciones y recortar presupuestos, no justifica poner en riesgo la integridad física de las personas, como se perfilaba con la eventual desaparición del Fonden.

No podemos dejar de lado que este fideicomiso, tiene entre sus objetivos restaurar las zonas devastadas por los incendios forestales; que durante 2019 y 2020 fue objeto de sustanciales recortes presupuestales, y que en la iniciativa que se presentó, se pretendía trasladar a estados y municipios esta responsabilidad.

Los reclamos sobre quien ejerce estos recursos, en no pocas ocasiones se ha convertido en un jaloneo entre gobiernos estatales y la federación.

No debemos olvidar los millonarios desvíos en su operación, que generaron un déficit de alrededor de 22 mil millones de pesos, producto de reconstrucciones fallidas. Guerrero es ejemplo de ello: muchas dudas dejó el uso del Fonden tras el paso de Paulina, Ingrid y Manuel, así como por el efecto de los sismos.

Sin embargo, decir que hubo fallas no es motivo para desaparecerlo, porque bajo esa lógica, sería el momento de valorar qué programas de la administración federal deberían ser cancelados, y no es el caso. Es mejor corregir y sancionar.

Tampoco podríamos olvidar que en lo que va de la actual administración federal, a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se le restó operatividad disminuyendo su presupuesto por dos años consecutivos.

Como resultado, se incrementaron los incendios por todo el país, así como las zonas devastadas. Esto significa en palabras llanas, dejar en estado de indefensión a extensas regiones del país en una época donde el cambio climático agudiza los riesgos no sólo de incendios como está ocurriendo, sino que potencia los efectos en la temporada de huracanes.

Y no se podría hablar de tragedias inesperadas, ni de imprevisión o falta de planeación, cuando está demostrada la peligrosidad de estos meteoros, año con año.

El presidente López Obrador ha optado por rechazar de plano la posibilidad de contratar deuda para disminuir los riesgos de la epidemia o empujar medidas contra cíclicas para reactivar la economía.

En su necesidad de obtener recursos económicos, el Presidente optó por desaparecer fideicomisos y afrontar el rechazo de creadores, científicos, campesinos, defensores de derechos humanos.

El gobierno de la Cuarta Transformación inevitablemente tendrá que rendir cuenta de los programas de gobierno suspendidos, de los recursos no ejercidos, y de los resultados obtenidos.

No obstante, confiado en su base de seguidores, a los que seguramente se suman los beneficiados por su política asistencialista, el presidente López Obrador deja abiertas muchas interrogantes respecto a los inevitables efectos políticos que ocasionara la forma en que gestiona la crisis; sobre si conviene al país la concentración de poder, si depositar todo el poder en una sigla política y lo que esto significa para amplios sectores de la población, o si es necesaria una rectificación política en las gubernaturas en juego y la Cámara de Diputados.

Es inevitable que una valoración de la sociedad civil y de los propios actores políticos de estos asuntos, se traslade a la lucha política. Pero será necesaria una alta dosis de responsabilidad en las discusiones futuras. Por el bien del país, es necesario un análisis sereno.