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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que los estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.
Para esta Comisión Nacional, hay campos en que la asignación de recursos públicos no puede depender sólo de cálculos presupuestales o decisiones administrativas de carácter programático, como los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado implica la diferencia entre la salud o la enfermedad, y en casos urgentes entre la vida o la muerte de las personas.
“No hay economía, ahorro o medida de austeridad que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente”, sentenció el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.
La pobreza, hambre, corrupción y vulneración sistemática de los derechos humanos son obstáculos al desarrollo sostenible y no pueden permitirse si se desea alcanzar un nivel de vida digno para todas las personas, ya que a nivel mundial hay más de 780 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, y en México hasta 2016 había 53.4 millones de personas en situación de pobreza y nueve millones más en pobreza extrema, además de que 40.6 por ciento de la población presenta al menos tres carencias sociales, siendo la seguridad social la más recurrente, con 80.1 por ciento.