No hay garantías para defender derechos humanos en México: Tlachinollan

ACAPULCO, Gro., 5 de agosto de 2026.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García afirmó que en México no existen garantías para quienes defienden los derechos humanos y aseguró que sin importar el partido en el poder, el Estado ha mantenido un patrón de persecución, desprotección y criminalización contra los activistas.

En declaraciones este miércoles, antes de un acto de memoria al cumplirse cinco años de la desaparición del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Suástegui Muñoz en este puerto, el abogado señaló que los gobiernos del PRI, PAN y Morena han reproducido las mismas prácticas al no reconocer la labor de las personas defensoras.

En cambio, afirmó, las personas defensoras suelen ser criminalizadas y señaladas por presuntos vínculos con grupos delictivos, a pesar de que su labor se limita a acompañar a las comunidades y defender sus derechos.

"No hay un reconocimiento hacia los defensores de derechos humanos, no hay una protección a su actividad ni a la labor que hacen en favor de los pueblos; luego los ligan con grupos de delincuencia o con otras cuestiones totalmente ajenas, cuando un defensor lo que hace es ayudar a su comunidad y exigir que se respeten los derechos de los ciudadanos", expresó.

El abogado aseguró que esa falta de protección quedó evidenciada en los casos de los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, quienes durante años encabezaron la defensa de la tierra, el agua y el territorio de los bienes comunales de Cacahuatepec.

Respecto al caso de Vicente Suástegui, explicó que cuatro personas han sido sentenciadas por su desaparición: tres recibieron condenas de 25 años de prisión y una más fue sentenciada a 13 años y ocho meses tras acogerse a un procedimiento abreviado.

No obstante, aseguró que el caso sigue inconcluso porque la Fiscalía General del Estado no ha cumplido una orden de aprehensión librada desde 2021 contra Pedro N, alias Comandante Pino, a quien identificó como la persona que presuntamente recibió a Vicente Suástegui después de su privación de la libertad.

Añadió que el Estado también mantiene una deuda en la búsqueda de Vicente Suástegui, cuyo paradero sigue siendo desconocido, y criticó que no se hayan destinado los recursos tecnológicos suficientes para localizar a las personas desaparecidas.

Sobre el asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, ocurrido el 25 de abril de 2025, informó que existe un presunto autor material detenido y vinculado a proceso, mientras la Fiscalía desarrolla la investigación complementaria para identificar al resto de los participantes y a los posibles autores intelectuales, al considerar que el crimen no fue cometido por una sola persona.

Recordó que antes del ataque armado en el que perdió la vida, Marco Antonio había solicitado que se mantuvieran las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, debido a que denunció que era vigilado, hostigado y temía por su seguridad.

Sin embargo, aseguró que la dependencia federal rechazó renovar dichas medidas al considerar insuficientes los fundamentos presentados por el dirigente social. Días después fue atacado a balazos en la playa Icacos y falleció a consecuencia de las heridas.

Para Téliz Hernández, ambos casos reflejan la falta de garantías para quienes encabezan movimientos sociales en defensa de los derechos colectivos.

"Ser defensor de derechos humanos en México es prácticamente jugarse la vida; el Estado no hace lo necesario para garantizar la integridad de quienes defienden a sus comunidades", concluyó.

Como parte del quinto aniversario de la desaparición de Vicente Suástegui, familiares, integrantes del Cecop, organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos llevan a cabo esta semana una jornada de actividades para exigir su presentación con vida y demandar avances en la investigación.