Teléfono rojo
Desde el delincuente que arrebata propiedades, sueños y vidas hasta el político criminal protegido por el fuero hay un común denominador: la impunidad.
El sentirse intocables, protegidos desde el poder, arropados por un sistema corrompido, es el principal aliciente para que los malhechores y truhanes sigan haciendo de las suyas sembrando pánico y desesperanza en la población.
La ciudadanía tiene una gran indignación frente a esta cínica impunidad, frente estos crímenes sin castigo y este colapso del Estado de derecho.
Acostumbrarse a la violencia criminal, perder la capacidad de indignación, minimizar desde el gobierno la dimensión de la inseguridad, dar por perdidos, en los hechos, diferentes territorios a manos por los delincuentes son síntomas de la decadencia de un Estado, es el camino hacia un estado fallido. Ver como algo normal que los delincuentes tengan el control de regiones es la confesión de la incapacidad del Estado y las instituciones para proteger a la población.
La principal responsabilidad de un gobierno es brindar seguridad a la ciudadanía, esa es la base del contrato social. No hay otra cuestión más importante.
En los últimos días la escalada de violencia criminal en diferentes puntos de Guerrero nos habla de una grave crisis de inseguridad que no puede soslayarse. Desde el empresario cobardemente asesinado (Carlos Cruz) hasta el periodista victimado (Cecilio Pineda), pasando por todas las vidas robadas por la criminalidad, son hechos que no pueden quedar en meras cifras, en números de la abultada estadística, son tragedias sociales que ameritan, o debieran implicar, una respuesta contundente e implacable desde las instituciones.
Resulta patético que desde la Secretaría de Gobernación se señale, en voz de Roberto Campa, por ejemplo, que en el caso de Cecilio Pineda, periodista asesinado en Tierra Caliente, por no querer abandonar su región prácticamente tuvo la culpa, lo cual es ridículo y alarmante a la vez, porque expresa que la instancia federal encargada de la seguridad y los derechos humanos claudica frente a la delincuencia, da por perdida la batalla. Al mismo tiempo se revictimiza al agraviado.
La más grave muestra de impunidad y contubernio entre criminales y políticos es la llamada narcopolitica, que desafortunadamente sigue vigente en México y en Guerrero, aunada a la gran insensibilidad oficial frente al dolor de las familias que han perdido un ser querido o se encuentra desaparecido a manos de la delincuencia.
Frente a este escenario de impunidad y violencia una señal de voluntad política para demostrar que no hay intocables ni patentes de impunidad sería eliminar la declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal como requisito de procedibilidad, el llamado fuero, para que aquel político que cometa un delito responda ante la ley y la justicia, sin embargo ha quedado claro hasta ahora que el PRI en Guerrero está frenando esta posibilidad.
Movimiento Ciudadano desde julio de 2016 presentó una iniciativa en el Congreso local para eliminar el fuero, sin embargo ha sido bloqueada sistemáticamente por la mayoría parlamentaria tricolor. Ese freno legislativo exhibe la falta de voluntad para cambiar las cosas en la entidad, para limpiar la política y dar señales claras de que hay un compromiso genuino con la transformación y el combate a la corrupción y la violencia.
No obstante este bloqueo, nosotros seguiremos insistiendo en que se debe eliminar el fuero y terminar con tanta impunidad, no nos vamos a rendir ni vamos a claudicar. Tenemos muy claro cuál es el mandato ciudadano que exige con todas sus fuerzas: no más impunidad.