Inaugura y bendice arzobispo de Acapulco oficinas de Quadratín Guerrero
ACAPULCO, Gro., 9 de julio de 2020.- Normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos y familiares del colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa protestaron, hicieron pintas y clausuraron las instalaciones de la Delegación Guerrero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en este puerto.
Minutos antes de las 2 de la tarde, unas 35 personas llegaron en un autobús. En un primer momento, se colocaron afuera de las oficinas ubicadas en el fraccionamiento Costa Azul, con una lona con los nombres y rostros de nueve jóvenes asesinados en el lapso 2011-2016.
Se trata de: Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino, asesinados el 12 de diciembre de 2011; Freddy Fernando Vázquez Crispín, Eugenio Alberto Tamarit Huerta, el 7 de enero de 2014.
Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, el 27 de septiembre de 2014, además de Filemón Tacuba Castro y Jonathan Morales Hernández, a quienes les quitaron la vida el 4 de octubre de 2016.
Al ver que las puertas de la CEAV estaban cerradas y que los trabajadores se salieron antes de su llegada y no los atendieron, los manifestantes colocaron algunas cartulinas con la leyenda de “Clausurado”, e hicieron pintas en paredes, ventanas y en la banqueta.
También atravesaron el autobús en el que llegaron, sobre la avenida Almirante Fernando de Magallanes e impidieron la circulación a todos los automovilistas.
En entrevista, Francisco Javier Echeverría, hermano de Gabriel, dijo que llegaron a la Delegación para entregar un documento en el que piden que se retomen las reuniones y avances que tenían en los casos.
Ya que desde hace seis meses no tienen respuesta bajo el argumento que las oficinas estaban cerradas las oficinas por la pandemia, que no tienen luz, Internet o sistema, lo cual ha alargado su situación.
Indicó que ellos ya hicieron todos los trámites y sólo están en espera del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con lo cual son acreditados como víctimas y así puedan acceder a una mayor atención médica y psicológica.
“Será clausurado hasta que den solución y atiendan a todas las víctimas, en caso de que abran, regresaremos a clausurar, pero si siguen sin atendernos, regresaremos con nuestras protestas más radicales”, afirmó.
Por su parte, la madre del joven Julio César Ramírez Nava, Bertha Nava Martínez, indicó que los familiares de estos nueve jóvenes, así como de otros desaparecidos y asesinados, ya están cansados de que no les den una solución, por lo cual pidieron una respuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Estamos buscando justicia, que se nos atienda y se les atienda a las demás familias como debe de ser y lo indica la ley, no es justo”, concluyó.