Normatividad legislativa no debe obedecer a intereses políticos: Vargas

ACAPULCO, Gro., 13 de octubre de 2017.- La denuncia de revocación de mandato en contra del alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, interpuesta por dos diputados locales del PRD, tendrá que seguir el curso legal establecido en la normatividad legislativa del Congreso Local, pues no puede estar supeditada a intereses políticos, señaló el secretario General del Ayuntamiento, Jesús Vargas Vargas.

De acuerdo con un boletín, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Ayuntamiento, Vargas Vargas fijó la postura oficial del gobierno municipal, luego de que diputados del PRD interpusieran una solicitud de revocación de mandato en contra del alcalde de Chilpancingo por el tema de la basura.

Destacó que el alcalde tiene la plena  seguridad de que saldrá avante de este proceso porque cuenta con suficiente información referente a todas las acciones implementadas para atender y resolver la problemática de la basura, “elementos suficientes de coordinación con el gobierno estatal y federal, que en su momento habrá de presentar como parte de sus pruebas y alegatos de defensa”.

“El alcalde se allanará a las actuaciones que obren en el Congreso por parte de las comisiones, pero también a los recursos que a derecho le convengan utilizando los argumentos legales necesarios”, mencionó Jesús Vargas.

Por su parte, el licenciado Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, en su calidad de abogado a cargo del caso, aclaró que el Congreso del Estado en ningún momento ha informado que el próximo martes se revocará el mandato al alcalde Marco Leyva, “esa fue una versión que no sabemos de donde proviene, y quien lo dijo así o es ignorante o actuó de mala fe”.

Morlet Berdejo hizo referencia al artículo 339 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que establece que los procedimientos para la suspensión o desaparición de un ayuntamiento, la suspensión o revocación al cargo o mandato de uno o más de sus miembros se seguirán conforme las causales y trámites que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, e invariablemente deberán dar lugar a la presentación de las pruebas idóneas y los implicados, denunciantes y denunciados, tendrán derecho a ofrecer y desahogar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.

Además, subrayó que el Artículo Primero Constitucional señala que todas las autoridades deberán respetar los derechos humanos de todas las personas “y aquí uno de los derechos humanos que tiene el alcalde es el de ofrecer pruebas y que se desahoguen, y no se puede dictaminar hasta que no se desahoguen estas pruebas, los señores diputados están para hacer respetar la ley, pues no pueden violar su propia ley”, enfatizó.