Nuevo escándalo por presunto plagio cultural de máscaras oaxaqueñas

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, Oax., 26 de junio de 2026.- La primera máscara cruzó la frontera mucho antes que Moisés Molina.

No llevaba pasaporte. No pasó por migración. No apareció en ninguna lista de aduanas. Viajó escondida en la memoria.

Se fue en la cabeza de los migrantes que abandonaron la Costa Chica para buscar trabajo en California, Chicago, Nueva York o Wisconsin.

Se fue en las fotografías guardadas en carteras de cuero.

En los videos de los carnavales enviados por WhatsApp. En las llamadas telefónicas donde alguien preguntaba desde Estados Unidos:

—¿Y este año sí salieron los tejorones?

Porque las máscaras de la Costa Chica nunca han sido simples máscaras. Son personajes. Son historias.

Son una forma de recordar quiénes somos cuando estamos lejos. Por eso nadie imaginó que algún día terminarían en el centro de una disputa legal que podría convertirse en una de las primeras pruebas reales de la reforma indígena y afromexicana aprobada por México en 2024.

Y tampoco imaginó que el protagonista de la historia no sería una multinacional extranjera ni una marca de lujo europea. Sería uno de los nuestros.

Un migrante de Huazolotitlán.

En el pueblo todavía recuerdan a Moisés Molina Peña cuando recorría las calles vendiendo las enchiladas que preparaba su madre, doña Emma.

Como miles de costeños, un día hizo maletas y se fue al norte. Primero llegó como migrante.

Después se convirtió en empresario.

Y finalmente terminó construyendo una marca.

La historia, contada por él mismo, tiene algo de leyenda moderna.

Todo comenzó con una gorra. Una gorra cualquiera.

Una gorra diseñada para uso personal con imágenes inspiradas en las máscaras y personajes tradicionales de la Costa Chica oaxaqueña.

A los amigos les gustó. Luego les gustó a otros. Después llegaron los pedidos.

Y entonces apareció un viejo motor económico que mueve a medio continente: la nostalgia.

Porque los migrantes compran muchas cosas. Pero pocas se venden tan bien como los recuerdos.

Así nació Dinastía Molina.

Una marca que hoy comercializa gorras, prepara nuevas líneas de ropa y vende identidad costeña empaquetada para el mercado latino de Estados Unidos.

Hasta ahí, la historia parecía un relato clásico de éxito migrante.

El problema apareció cuando alguien comenzó a revisar qué era exactamente lo que estaba vendiendo.

Y, sobre todo, quién era el dueño.

Las máscaras del tejorón. Las del tigre. Las del toro. Las del burro. Las de Chinda. Las máscaras del carnaval mixteco.

Las figuras asociadas a la iconografía Ñuu Savi.

Las imágenes que durante generaciones han formado parte de la vida cultural de la Costa Chica.

Todo eso comenzó a aparecer vinculado a registros comerciales realizados en Estados Unidos.

Y entonces surgió una pregunta incómoda. Una de esas preguntas capaces de dividir pueblos enteros.

¿Puede alguien registrar comercialmente símbolos que fueron construidos por generaciones completas?

¿Puede una empresa reclamar derechos sobre imágenes nacidas de la memoria colectiva?

¿Dónde termina el homenaje cultural y dónde comienza la apropiación?

La discusión explotó como suelen explotar estas cosas en los pueblos.

Primero en voz baja. Luego en los grupos de WhatsApp. Después en Facebook.

Y finalmente en las oficinas del Ayuntamiento.

El 4 de junio el gobierno municipal de Santa María Huazolotitlán decidió intervenir.

La presidenta municipal Agustina Gómez Torres emitió un pronunciamiento público donde acusó de plagio, que fue mucho más que una declaración política.

Fue una advertencia.

El mensaje era sencillo: la cultura indígena no está en venta.

O, por lo menos, no sin permiso de quienes la crearon.

El documento sostiene que las expresiones artísticas, los diseños tradicionales y los símbolos comunitarios forman parte del patrimonio colectivo de los pueblos y que cualquier aprovechamiento comercial debe contar con autorización previa.

Por primera vez la discusión dejó de ser una pelea de redes sociales.

Se convirtió en un asunto jurídico.

Y ahí comenzó el verdadero problema.

Porque México ya no es el mismo país de hace dos años.

En 2024 el Congreso reformó el Artículo 2° Constitucional.

La reforma reconoció algo que los pueblos indígenas y afromexicanos llevaban décadas exigiendo: que sus expresiones culturales no son mercancías disponibles para cualquiera.

La modificación estableció el derecho de las comunidades a proteger sus conocimientos, símbolos, diseños y manifestaciones culturales frente a usos comerciales realizados sin consentimiento libre, previo e informado.

La reforma fue celebrada como histórica.

Pero las leyes suelen verse muy bonitas en el Diario Oficial.

La verdadera prueba llega cuando alguien intenta aplicarlas. Y aquí apareció la primera gran prueba.

No en París. No contra Adidas. No contra Carolina Herrera. No contra Louis Vuitton. Sino en Huazolotitlán, municipio habitado por mixtecos, afros y mestizos que durante siglos han convivido en paz.

Y contra un migrante nacido en la misma tierra donde nacieron esas máscaras.

Moisés Molina rechaza las acusaciones. Dice que Dinastía Molina no utiliza reproducciones exactas de las máscaras tradicionales.

Sostiene que sus diseños son reinterpretaciones gráficas. Versiones modificadas. Adaptaciones comerciales.

—No estamos agarrando la máscara como tal. Tomamos la imagen y la manipulamos para darle un punto más atractivo para los muchachos.

También asegura que buscó asesoría legal desde el principio.

Que registró su empresa en Estados Unidos porque era más rápido.

Que trabaja con abogados especializados en México, que hacen su trabajo desde hace seis años ante el IMPI.

Que los diseños están en proceso de protección. Y que nadie puede acusarlo de actuar a escondidas.

Su defensa parece resumirse en una idea:

No estoy vendiendo la máscara.

Estoy vendiendo mi versión de la máscara.

Y justamente ahí se encuentra el corazón del conflicto.

Porque la pregunta ya no es si copió una pieza artesanal.

La pregunta es si puede apropiarse comercialmente de los símbolos que la inspiraron.

Para el investigador oaxaqueño Francisco Ziga, especialista en temas afroindígenas y patrimonio cultural, la respuesta es clara.

Lo que observa en Dinastía Molina es un fenómeno conocido como extractivismo cultural.

Es decir, cuando elementos construidos colectivamente por comunidades terminan convertidos en mercancía por actores particulares.

Según explica, el asunto va mucho más allá de una máscara.

Lo que está en juego son sistemas completos de significados. Historias. Rituales. Memorias. Relaciones espirituales con el territorio.

Elementos que no pueden reducirse a un logotipo. Ni a una gorra. Ni a una estrategia de marketing.

Mientras abogados preparan recursos y especialistas revisan expedientes, los carnavales continúan.

Los tejorones siguen bailando.

Los danzantes enmascarados como minotauros siguen corriendo. Las chilenas siguen sonando. Y las máscaras siguen haciendo exactamente lo mismo que han hecho durante siglos: recordarle a la gente quién es.

La diferencia es que ahora esas máscaras ya no sólo bailan en los pueblos.

También danzan en internet. En catálogos digitales. En registros comerciales. En oficinas de abogados.

Y en una discusión nacional que apenas comienza.

Porque detrás de esta historia no está únicamente el destino de una marca registrada.

Lo que se discute es algo mucho más profundo:

Quién tiene derecho a contar la historia de un pueblo.

Y quién tiene derecho a cobrar por ella.