Oaxaca: la política sí, pero desde la perspectiva de un Estado fuerte

Nadie, con interés verdadero de resolver el problema de Oaxaca, pondría en tela de juicio que la herramienta que debe utilizarse es la política.

Pero, aunque parezca obvio, ahí no radica el problema. La dificultad y desventaja para el Estado está en pretender dialogar, bajo las condiciones actuales, en las que la CNTE se muestra envalentonada e intransigente por el respaldo que le han otorgado los radicales de izquierda que buscan sacar raja política del conflicto, por grupos anti sistémicos que rechazan el orden jurídico y social establecido, y por “intelectuales” que respiran rencor en contra de un sistema político que los ha excluido de la estructura burocrática gubernamental.

Lo pertinente en este caso, es que el Estado recupere su papel de garante institucional de la paz social, asumiendo el monopolio legítimo de la coacción que le otorga nuestra Carta Magna (Artículo 89, fracción VI constitucional). Y no estoy hablando de represión, sino simplemente de ejercer sus funciones constitucionales para nivelar el terreno del diálogo, entendiéndolo como recuperar la transitividad de las vías de comunicación. Tomar el control de las carreteras por el gobierno es condición sine qua non para una solución exitosa. Asumir sus responsabilidades de esta manera, no es otra cosa que actuar, como observó Maquiavelo hace seis siglos, con apego a la “razón de Estado”.

Para recuperar el equilibrio sistémico, el gobernante debe olvidarse de los bonos de popularidad o descalificaciones de los agraviados, lo importante es el fin último, la paz social, alcanzar la certidumbre institucional, que otorgue garantías a todos los oaxaqueños para hacer su vida cotidiana con normalidad.

En este sentido, el buen resultado de una gestión gubernamental lo excusa y lo absuelve del uso de la fuerza. Si un grupo de presión lo denuesta y ridiculiza habrá otro segmento mayoritario que lo respalde.

La persuasión tiene un límite, es un recurso de mecha corta que casi siempre conduce al fracaso; es propio de gobernantes tímidos. En cambio, la fuerza inteligentemente empleada asegura el éxito.

El espacio de la negociación política es una porción de terreno donde el Gobierno debe llevar mano, puesto que es el responsable de salvaguardar a las instituciones y los derechos de todos los ciudadanos. Cualquier actor político, ya sea individual o colectivo (como en este caso, la CNTE y grupos que la acompañan), debe entender que su comportamiento y el ejercicio de la libertad, tiene límites y está sujeto a leyes, que de infringirlas cae en lo ilícito y debe ser sancionado.