Operación en casetas, atentado a libertad de expresión: Vidulfo Rosales

ACAPULCO, Gro., 1 de febrero de 2022.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró atinado el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras la operación policial para impedir la toma de casetas en Chilpancingo por parte de los padres y normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ya que se trató de un atentado grave a la libertad de expresión.

Reprochó que el Estado disponga del uso de la fuerza pública para impedir que los manifestantes expresen su derecho a la expresión, lo que consideró pasos hacia el autoritarismo ante un silencio por parte de las organizaciones sociales ante la restricción de un gobierno que se asume de izquierda.

“Me parece grave que haya acciones que restrinjan la libertad de expresión, que restrinjan la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho de protestar, de manifestar la inconformidad, las casetas y otros espacios públicos son privilegiados para que los grupos inconformes puedan manifestar una inconformidad”, declaró a reporteros durante el foro convocado por organizaciones sociales y que se hizo en el ex Ineban esta mañana.

Subrayó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha llamado a los gobiernos a procurar que los intereses enfrentados en una sociedad democrática, no se vean mermados, en una ponderación para ver los derechos que deben prevalecer.

“El 28 (de enero), la Guardia Nacional pudo haber evitado a los padres de los normalistas permitir que entregaran volantes solicitando información de sus hijos, o dando a conocer cómo van las investigaciones allá en la caseta, eso se pudo haber hecho, pero el objetivo no es ese, el objetivo es frenar la protesta social”, reclamó.

Añadió que hay un doble rasero en la implementación del uso de la fuerza pública porque privilegia el freno de las protestas sociales en lugar de detener a los grupos de la delincuencia generadores de violencia y que afectan los derechos de las personas que provocan disruptores de la paz y el orden público en Guerrero.

Vidulfo Rosales informó que de 1990 a la fecha han sido asesinados 30 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales tan sólo durante la administración de Ángel Aguirre Rivero fueron 13 defensores.

Agregó que hay cinco mil 300 personas desaparecidas, de acuerdo con datos de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos en Guerrero.

Rosales Sierra reclamó que los programas sociales promovidos por el gobierno federal sólo robustecen una capacidad de compra de los beneficiados que fortalecen a las grandes cadenas comerciales, pero no se revierten los niveles de pobreza y marginación en las comunidades.

Verdad y justicia, agresiones a defensores de derechos Humanos y periodistas, desapariciones en el contexto de la violencia, cumplimiento de derechos sociales como educación, salud, vivienda; y derechos laborales y sindicales.

El 11 de febrero próximo serán evaluados los avances de las mesas de análisis, de lo cual formó parte el foro que se desarrolló esta mañana.