Ordena CNDH reparar daño por estigmatización durante Covid en Copala

ACAPULCO, Gro., 14 de enero de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el Ayuntamiento de Copala se negó a aceptar una recomendación por discriminación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), por la difusión indebida de imágenes e información de una persona durante la pandemia de Covid 19.

De acuerdo con un comunicado, la CNDH resolvió un recurso de revisión y determinó que la autoridad municipal no presentó argumentos jurídicos suficientes para rechazar la recomendación estatal, por lo cual emitió la recomendación 145/2025, en la que ordena la reparación integral del daño, atención psicológica a las víctimas y medidas de no repetición.

La recomendación se originó luego de la queja presentada el 19 de mayo de 2020, cuando autoridades municipales difundieron información relacionada con el contagio y fallecimiento por Covid 19 de una persona, lo que provocó estigmatización y discriminación social hacia su familia.

La CDHEG acreditó la violación a los derechos a la igualdad, no discriminación, legalidad y acceso a la tutela no jurisdiccional.

Durante ese periodo, la presidenta municipal de Copala fue Guadalupe García Villegas, electa por el PRD por los periodos 2018-2021 y 2021-2024; actualmente, es diputada por Morena en el Congreso del Estado.

La CNDH señaló que tras la negativa del Ayuntamiento a aceptar la recomendación estatal en mayo de 2021, la persona afectada promovió un recurso de impugnación, lo que derivó en la intervención del organismo nacional, que confirmó la existencia de violaciones a derechos humanos.

En la actualidad, María del Rosario Zúñiga de la Rosa es la presidenta municipal de Copala, designada en octubre de 2024 por el Congreso local tras el asesinato del alcalde electo, su esposo Salvador Villalba Flores, y la detención del suplente.

La CNDH llamó a dicha administración local a colaborar con las autoridades correspondientes, iniciar procedimientos administrativos contra los responsables y garantizar la capacitación en derechos humanos a servidores públicos municipales.