CHILPANCINGO, Gro., 13 de mayo del 2018.- Policías estatales despedidos en 2017 por denunciar irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informaron que el juzgado séptimo federal con sede en la capital falló a su favor y ordenó al gobierno estatal que realice el pago de salarios a los 120 efectivos que fueron cesados.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero, el ex policía José Muñoz Franco leyó parte de la sentencia emitida por el juzgado federal el pasado 9 de agosto, de la que destacó “que se da un plazo de tres días hábiles para cumplir con la recomendación, o de lo contrario se caerá en un desacato federal”.

De acuerdo con el denunciante, la sentencia va contra el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes, a quien se le ordenó que autorice el pago de salarios caídos a los agentes despedidos, quienes tienen desde mayo de 2017 sin cobrar, y sin ser liquidados en base a la ley.

Muñoz Franco, acompañado de otros cuatro ex efectivos, afirmó que a cada uno de los que fueron cesados les corresponden unos 400 mil pesos de salarios devengados.

Reconoció que la sentencia emitida no demanda la reincorporación de los policías a la SSP, pero indicó que aún falta que se cumpla con las dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cuales sí prevén la materia laboral.

El 29 de mayo de 2017, unos 600 policías estatales de la región Centro pararon labores y protestaron en el cuartel de Chilpancingo para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, un aumento salarial ante la ola de violencia e inseguridad, además una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.

Días después de la manifestación, la SSP dio de baja definitiva de la corporación a 176 policías que incurrieron en conducta violatoria de ley, de los cuales hasta la fecha sólo 54 aceptaron su liquidación.