CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto de 2018.- Una particular solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) conocer el total de personas detenidas, consignadas, sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017, la dependencia proporcionó información insuficiente y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), le exige ahora dar a conocer los datos que omitió.

En el análisis se determinó que la PGR omitió turnar el requerimiento a la totalidad de unidades administrativas competentes, según detalla un comunicado del Inai.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó que aumentar la cantidad y la calidad de la información pública sobre el combate a la delincuencia organizada es fundamental para conocer y evaluar las acciones de las autoridades responsables.

“Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso”, enfatizó.

Salas Suárez señaló que desde hace doce años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa. Sin embargo, desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado.

“En nuestro último periodo electoral, la seguridad fue una de las prioridades y será uno de los principales retos para los nuevos gobiernos, federal y estatales. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña renovar por completo las estrategias. Se esperaría que cualquier propuesta tome en cuenta los señalamientos, la evidencia y las propuestas hechas hasta ahora”, subrayó.

El comisionado del Inai destacó que ante el contexto de transición política que vive el país, la información pública cobra especial relevancia porque brinda evidencia y permite un lenguaje común entre las autoridades y la población.

“Diversas voces de la sociedad civil, la academia, la prensa, víctimas y familiares de desaparecidos se han pronunciado por un cambio en la política de seguridad. Incluso la ex ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo como futura Secretaria de Gobernación, ha propuesto que Comisiones de la Verdad regionales se integren al Sistema Nacional de Búsquedas como parte del próximo Plan de Pacificación”, puntualizó.

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