Otro país/Tomás Tenorio Galindo

Acapulco: las ruinas que deja el PRD

Ayer al mediodía, mientras se realizaba la ceremonia de toma de protesta de la nueva presidenta municipal de Acapulco, la cabeza de una mujer fue encontrada en las inmediaciones del mercado central del puerto, una zona donde con frecuencia aparecen cuerpos o partes humanas abandonadas. Ese hecho es apenas una pequeña muestra de la violencia cotidiana que sufre Acapulco, escenario de casi la mitad de todos los homicidios que ocurren en el estado de Guerrero.

En contraste con la fuerza que el puerto mantiene como atractivo turístico –en gran medida porque es el balneario más próximo a la capital del país, porque es el más barato y también porque el gobierno estatal sostiene su promoción–, en los tres años recientes de gestión del PRD, con el ahora ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre, la inseguridad pública y la violencia se agudizaron en el municipio a tal grado que parecía que no había gobierno.

La violencia como la conocemos hoy en todo el país comenzó en Acapulco en el 2006, durante la presidencia municipal de Félix Salgado Macedonio, entonces del PRD y ahora senador por Morena. Las terroríficas escenas de cabezas humanas tiradas o colgadas en la calle empezaron en esos días en la Garita, una populosa colonia de Acapulco. Por aquellas fechas y por hechos como esos, el ex alcalde Félix Salgado fue señalado de haber entrado en contubernio con alguno de los grupos de la delincuencia organizada que operaban en el municipio. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, llegó incluso a acusarlo expresamente de sostener tratos con el narcotráfico. Desde entonces nadie ha podido poner fin a las matanzas en Acapulco, ni frenar a los cárteles del narcotráfico.

Aunque en el curso de estos años también han gobernado el municipio el PRI y Movimiento Ciudadano (un trienio cada uno), es durante los gobiernos del PRD cuando la violencia y la inseguridad rozan límites intolerables. Como ahora, que otro gobierno del PRD, el de Evodio Velázquez Aguirre, hereda a la alcaldesa de Morena, Adela Román Ocampo, un municipio en ruinas, no sólo por los elevadísimos índices de homicidios que registra, sino también por la abultada deuda municipal, imposible de precisar debido a la opacidad de Velázquez Aguirre, lo que concuerda con las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.

Sólo en lo que va de este año, en Acapulco han ocurrido 567 asesinatos, que representan alrededor de 40 por ciento de los documentados en todo Guerrero. La actual tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es, para Guerrero, de 41.5, pero para Acapulco es de más de 50. Para tener una idea de lo que esto significa (para Acapulco y para Guerrero), debe tomarse en cuenta que la tasa media nacional de homicidios por cada cien mil habitantes es de 15.

Información periodística muy reciente indica que media docena de grupos delictivos se disputan Acapulco para la venta de drogas, pero el de mayor fuerza parece ser el Cártel Independiente de Acapulco, mientras que datos algo más viejos, pero aún válidos para describir la dimensión del problema en el puerto, reportaban la existencia de unas siete mil “tienditas” o sitios utilizados para la venta de narcóticos.

Eso es lo que está detrás de la violencia y la mortandad en Acapulco. Y es ostensible que el gobierno de Evodio Velázquez no sólo no hizo nada para combatir esa situación, sino que –de una manera similar a lo que, según los señalamientos, hizo Félix Salgado en su momento— parece haber pasado a ser parte orgánica del problema al vincularse él mismo o al permitir que la policía municipal se vinculara a uno o más de esos grupos de la delincuencia organizada. En cualquiera de esas posibilidades, el resultado fue la degradación del orden institucional, la pérdida del gobierno, como sucedió hace cuatro años en Iguala con el también perredista José Luis Abarca.

Esto último es lo que motivó el martes de la semana pasada, ya en medio del total desgobierno de Evodio Velázquez, que el gobierno del estado tomara el control de la seguridad de Acapulco y con ayuda del Ejército, la Marina y la Policía Federal, desarmara a la totalidad de la policía municipal y detuviera a dos comandantes contra quienes se ejecutaron órdenes de aprehensión por homicidio. Ahora se sabe que 200 agentes ya no se reportaron desde ese martes, y que están desaparecidas 342 armas de las mil 771 con que contaba la corporación. También se sabe, porque lo hizo saber el gobierno del estado y el propio gobernador Héctor Astudillo Flores, que el secretario de Seguridad Pública con Velázquez Aguirre, Max Sedano Romano, reprobó los exámenes de confianza, lo que le fue comunicado en las fechas al alcalde para que lo cesara, pero no hizo nada. El sábado, el Ejército dio a conocer que hacía responsable al ahora ex alcalde por la desaparición de las 342 armas, y le dio un plazo de tres días, que se vence este martes, para explicar y justificar esa desaparición. Y si la investigación continúa, es seguro que no se detendrían allí los hallazgos.

Así terminó el gobierno del PRD en Acapulco, que era el último reducto de poder que tenía ese partido en Guerrero después de haber gobernado el estado entre el 2005 y el 2015, periodo en el que la violencia se expandió hasta alcanzar las altas cifras que hoy conocemos.

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