Otro país/Tomás Tenorio Galindo

El nuevo caso Ayotzinapa

“Como aquí se mencionó, y lo he venido repitiendo, el llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece”, dijo hace ocho días el presidente López Obrador, en el acto de firma del decreto que crea la comisión especial para el caso Ayotzinapa, al que asistieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Dijo también que con ese decreto “se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito”.

Aseguró que “no habrá impunidad”, pues “en este nuevo gobierno debe de imperar, debe de reinar la verdad, ante todo. La verdad que es revolucionaria, que es cristiana. La mentira es reaccionaria, es del demonio. La verdad por encima de todo”. Como consecuencia de lo anterior, subrayó, prometió, “no va a haber ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió”.

No es necesario escarbar para descubrir que en el fondo y en la superficie de las palabras presidenciales hay una alusión al Ejército y a las fuerzas federales que presenciaron o intervinieron de algún modo aquella noche en que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados a balazos, episodio en el que tres de ellos resultaron muertos (junto a otras tres personas) y 43 desaparecidos sin que a la fecha se sepa con certeza y de manera indiscutible el destino que sufrieron.

La tarea de la comisión de la verdad podría empezar por buscar, y utilizar, lo que tenga de verdad la investigación realizada por la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el supuesto de que algo puede tener de cierto la llamada “verdad histórica”, por mucho que parezca haber tenido más el propósito de ocultar que de revelar.

El ex procurador Jesús Murillo Karam privilegió la hipótesis de la complicidad entre el grupo criminal Guerreros Unidos y la policía municipal de Iguala como explicación del instrumento homicida, y la presunta incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula como momento final de la tragedia, pero nunca llevó la investigación más allá pese a las evidencias y testimonios que sugerían, y sugieren aún, la presencia tanto de militares como de policías federales y estatales no en acciones de protección a los civiles inocentes, sino posiblemente del lado de los agresores. Esta posibilidad y quizá el temor de lo que allí podía ser encontrado, o porque se sabía lo que había, frenó la investigación en el entonces alcalde de Iguala, hasta hoy la máxima autoridad encarcelada por los hechos, junto a un centenar de delincuentes de Guerreros Unidos y policías municipales. Pero no se investigó, por ejemplo, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien solía jactarse de que en Guerrero nada sucedía sin su conocimiento y quien presume que la Policía Estatal fue la primera en llegar a Iguala una vez desatadas las balaceras (sin que haya hecho nada para evitar los ataques a los normalistas).

La investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los padres de los 43 –aceptada a regañadientes por el gobierno de Peña Nieto y finalmente echada del país casi sin disimulo— desmanteló la versión oficial y demostró que en el basurero de Cocula o no habían sido incinerados los 43 estudiantes, o sólo unos cuantos de ellos, y que probablemente ni siquiera se produjo la gigantesca hoguera que describió Murilo Karam. Aun cuando esta explicación fue sustentada en peritajes científicos de la mayor seriedad y credibilidad, nada de ello fue aceptado por el gobierno de Peña Nieto, quien mantuvo hasta el final del sexenio y costara lo que costara la “verdad histórica”.

Las preguntas que deberá responder la comisión especial para el caso Ayotzinapa son qué sucedió realmente aquella noche, qué hizo cada quién entre todos los protagonistas de los acontecimientos, quiénes son los responsables y dónde están los normalistas. No son sino las preguntas que debió haber contestado la PGR. En esa tarea no sólo le servirá la escrupulosa investigación del GIEI, sino también la que por su cuenta emprendió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo resultado final fue dado a conocer apenas este 28 de noviembre.

Algunas de las conclusiones contenidas en la recomendación de la CNDH son rechazadas por los padres de los normalistas, principalmente la que admite la posibilidad de que la mitad de los estudiantes pudieran haber sido sacrificados en Cocula, pero no hay motivo para esa reacción. Eso no revive la “verdad histórica”, sólo plantea que Cocula es parte del escenario del crimen y que debe establecerse sin duda alguna qué es lo que efectivamente sucedió allí. En cambio, la CNDH es contundente en la conclusión que señala que el crimen colectivo que se cometió en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 sólo pudo ocurrir por las complicidades y la infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras de los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. Ya antes la misma CNDH había dado a conocer que la mitad de los normalistas no fueron trasladados a Cocula, sino hacia Huitzuco, que está en el extremo opuesto de la ciudad, y que existen evidencias inobjetables de esa operación, en la que habrían estado involucrados agentes de la Policía Federal. Se trata de aportaciones fundamentales para romper el cerco de las falsificaciones oficiales.

Si se concreta en sus términos, el compromiso hecho por López Obrador ya como presidente anticipa la apertura del Ejército y de cualquier otro aparato de gobierno al escrutinio de la investigación, lo que en tiempos de Peña Nieto estuvo vedado para evitar que las instituciones resultaran “manchadas”, una actitud típica y persistente de los regímenes autoritarios. Pero tiene razón López Obrador en la idea de que la verdad no debilita sino fortalece a las instituciones. Ese criterio corrige la distorsión que en este caso estuvo siempre presente en la investigación de la PGR y que sobrepuso el interés particular de los gobernantes sobre el general de la justicia, de las víctimas y del Estado de derecho. Las consecuencias de esa distorsión fue una simulación que cayó bajo el peso de su inconsistencia. Ahora falta ver cómo se ejecutan las órdenes presidenciales, las nuevas órdenes presidenciales.

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