Pacificación o fuerza del Estado: La Falsa Disyuntiva

En los últimos meses, y con mayor fuerza, a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ha venido insistiéndose en la necesidad de parar la “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que inició el gobierno de Felipe Calderón y continuó el de Peña Nieto.

Como se recordara, fue en diciembre de 2006 en Michoacán cuando se inició esta estrategia fallida. El gobierno calderonista, con un fuerte déficit de legitimidad después de las fraudulentas elecciones presidenciales, decidió mostrar fuerza y decisión con un operativo conjunto encabezado por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia en el Estado natal del entonces Titular del Ejecutivo.

Más que armar una estrategia puntual se pretendió mostrar músculo y decisión. Sin embargo, el saldo ha sido muy negativo. No solamente crecieron las cifras de homicidios dolosos, desapariciones forzadas, secuestros y extorsiones, y se desgastó a la milicia, sino también los grupos delictivos se ramificaron por prácticamente todo el territorio nacional.

Se presentó el llamado “efecto cucaracha”. Al golpear a un grupo en un región o estado, corrieron para otros puntos del país; se lograron detenciones de jefes de la delincuencia, pero como la hidra mitológica volvían a brotar otras cabezas en los grupos delincuenciales. Los  grupos se rehacían en sus mandos una y otra vez, o se dividían y multiplicaban con tácticas y acciones cada vez más violentas.

Esta persecución sin rumbo ni dirección, que jamás ha alterado sustantivamente el flujo de dinero y armamento, ha obtenido pobres resultados, en gran parte por la corrupción e infiltración criminal en diferentes niveles de gobierno, corporaciones policiacas, ministerios públicos y jueces.

Los criminales lograron no solamente corromper y someter a gran parte de la estructura policial y de justicia en el país, sino que han actuado para influir en la conformación del poder político, colocando o persiguiendo alcaldes, según se ajusten o no a sus intereses delictivos.

Regiones como la Tierra Caliente en Guerrero y en Michoacán son un ejemplo terrible de este nocivo poder de facto que ejercen.

Por otra parte, la profesionalización de las policías ha sido un proceso incompleto, simulado y sujeto a presiones e intereses políticos. La Policía Federal frenó su desarrollo, la Gendarmería no ha alcanzado un crecimiento y despliegue importante y, salvo contadas excepciones, las policías estatales y municipales son inoperantes y están contaminadas por la delincuencia organizada.

La certificación policial es un tema de simulación y violación sistemática de la Ley, se han fijado plazos legales para que todos los elementos de las corporaciones pasen exámenes de control y confianza, pero no se respetan y se incumplen.

El sistema acusatorio penal, con ministerios públicos y policías mal preparados o corruptos, y jueces sin criterio, ha mostrado claras limitaciones, y sin proponérselo ha generado mayor impunidad (sobre este tema profundizaré en otra colaboración).

Es normal que frente a los altos niveles de impunidad y la violencia imparable, con miles de muertos y desaparecidos, el tema de la pacificación encuentre respaldo en una sociedad cansada y agraviada por la grave inseguridad. Sin embargo, este objetivo de pacificar al país, no se puede lograr solamente con buenas intenciones, con programas sociales o descalificando el uso legítimo de la fuerza pública.

Para pacificar el país, sí se requiere construir una cultura de paz, invertir en programas de inclusión social, cambiar el paradigma en la política de drogas, pero sobre todo se requiere que el Estado mexicano recupere su capacidad para imponer el orden y la Ley en diferentes regiones azotadas por la delincuencia.

Se requiere castigar a los criminales que han infligido un daño atroz a miles y miles de víctimas, desmantelar a los grupos delictivos (en su capacidad de fuego y fuentes financieras, no sólo en la detención de sus integrantes o cabezas) y cerrar las puertas a la impunidad, desde la reforma policial, la capacitación y depuración del ministerio público y la vigilancia de la función judicial.

Hay varias disposiciones penales que hay que reformar, lo mismo en el Código de la materia que en la legislación procesal, para cerrar los resquicios legales a la impunidad.

El Estado se tiene que hacer sentir frente al poderío criminal, es legítimo en una sociedad democrática que el Estado utilice la fuerza pública y policial para mantener la paz pública. Pero para ello se deben trasformar con urgencia las policías para que cumplan su papel de proteger a la sociedad, recuperen territorios y paulatinamente las Fuerzas Armadas puedan regresar a sus cuarteles. Se tiene que tener claro que es una falsa disyuntiva hablar de pacificación o uso de la fuerza. Solo será posible hablar de pacificación cuando el Estado recupere los territorios que hoy se encuentran en manos de los criminales.