Otro País/Tomás Tenorio Galindo

Demetrio Saldívar: sí, asesinato político

A partir de datos arrojados por la investigación del caso, la Fiscalía General del Estado de Guerrero se aproxima a la conclusión de que el secretario general del PRD en ese estado, Demetrio Saldívar Gómez, fue ejecutado por motivos políticos y no en un hecho fortuito de la delincuencia.

El jueves de la semana pasada el fiscal Xavier Olea Peláez informó que el homicidio se produjo durante un intento de robo o secuestro, y mencionó la sustracción de dinero que Demetrio Saldívar llevaba en su coche en el momento del ataque ocurrido la noche del 19 de abril.

Al día siguiente, el viernes 28 de abril, Olea Peláez dio a conocer la captura de uno de los homicidas, realizada la madrugada de ese día durante una persecución en la vía de Chilpancingo a Chichihualco, en la que sin embargo lograron escapar tres delincuentes. El homicida detenido confesó haber recibido cinco mil pesos por matar a Demetrio Saldívar.

La primera reacción de los dirigentes del PRD en Guerrero fue atribuir el crimen a la delincuencia organizada en el contexto de la violencia que golpea al estado, y con base en esa postura demandó la renuncia del fiscal Olea Peláez, del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el nombramiento de un comisionado federal para el combate a la inseguridad pública. Con ese mismo criterio el PRD convocó a una marcha de protesta para el fin de semana que viene.

Pero como dijimos hace ocho días, el asesinato de Saldívar Gómez no parece obra del crimen organizado, sino de intereses todavía desconocidos que se pueden suponer políticos. De acuerdo con los datos acumulados hasta ahora, los homicidas esperaron al secretario general del PRD en las cercanías de su casa y lo ejecutaron a balazos con el profesionalismo de sicarios contratados. No resalta en esa mecánica homicida ningún elemento característico de las ejecuciones del narcotráfico o de la delincuencia común, pues los asesinos ni siquiera intentaron disfrazar el homicidio.

Es notorio que por encima del necesario esclarecimiento del homicidio, el PRD ha usado el caso para atacar políticamente al gobierno del PRI, mientras finge indiferencia ante la alta probabilidad de que el crimen tenga motivaciones políticas. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Beatriz Mojica Morga, tomó el asesinato como bandera de su campaña permanente contra el gobernador Héctor Astudillo Flores, más interesada en la rentabilidad política del caso que en su esclarecimiento.

Ahora con mayor razón, la posición del PRD plantea un problema si la Fiscalía confirma la existencia de un móvil político en el asesinato del secretario general de ese partido. Sobre todo si resultaran involucrados en el ataque personajes o grupos perredistas, pues la conducta de los dirigentes del PRD está dirigida a desacreditar esta posibilidad.

Es incontrovertible que el homicidio de Demetrio Saldívar se produjo en un contexto de fuerte actividad política. Saldívar Gómez no sólo era representante del ex gobernador Angel Aguirre Rivero en el Comité Ejecutivo Estatal de ese partido y dirigente de la corriente Izquierda Progresista de Guerrero, creada por el propio ex gobernador, sino que tenía en sus manos el control de la estructura electoral del partido en el estado, lo que le brindaba relevancia operativa.

Un dato adicional a tomar en cuenta en la hipótesis del crimen político es que, de acuerdo con el testimonio de quienes lo conocían y tenían trato cercano con él, Demetrio Saldívar tenía planeado renunciar al PRD y sumarse a Morena, lo que dado el cargo que desempeñaba habría tenido un impacto negativo en el perredismo.

La muerte del secretario general perredista mutiló el grupo del ex gobernador Angel Aguirre y creó condiciones para que un sector del PRD –encabezado por Beatriz Mojica– reanudara el golpeteo contra el gobierno del estado. Un detalle en el que inevitablemente debe repararse es que la ejecución haya sido cometida cuando el gobernador estaba fuera del país. Por consiguiente, es posible que el regreso inmediato de Héctor Astudillo haya desactivado parcialmente los planes de los presuntos autores intelectuales del crimen, interesados quizás en desestabilizar el estado.

Probablemente esta misma semana la Fiscalía dé a conocer estos y otros avances en la investigación, que no pueden frenarse nada más para que no se moleste el PRD. Este homicidio debe ser resuelto en cualquier caso, pero si fue un asesinato político deben ir a la cárcel también quienes hayan ordenado matar a Demetrio Saldívar.

El Sur tiene nuevo dueño

De acuerdo con unas breves líneas colocadas bajo una fotografía publicada el martes pasado en la página dos de El Sur de Acapulco, este diario informó el martes pasado que el sábado 29 de abril se reunieron los accionistas de la empresa Información del Sur, editora del periódico, y aprobaron una ampliación del capital de la empresa. El párrafo no dice nada más y oculta las implicaciones y el verdadero sentido de la decisión. Como el tema es de evidente interés público, es preciso puntualizar que en realidad lo que aprobó la asamblea de accionistas a propuesta del director del periódico y presidente del Consejo de Administración, Juan Angulo Osorio, fue la virtual venta del diario, pues la ampliación del capital se decidió para facilitar el ingreso de diez millones de pesos a cambio de alrededor de 40 por ciento de la propiedad de El Sur.

Sin embargo, no se trata de un simple movimiento accionario. Las características de esta operación mercantil ponen en entredicho y traicionan los principios bajo los cuales fue concebido El Sur. En primer término, la independencia del diario queda hecha trizas.

Lo más llamativo y sorprendente es la identidad y el perfil del nuevo integrante de la empresa, que con la aportación de esa módica suma se convertirá en el socio mayoritario y de hecho en el nuevo dueño de El Sur. Es Gustavo Lomelín Cornejo, hoy director general de Televisión Educativa, un organismo de la Secretaría de Educación Pública. Gustavo Lomelín es periodista de origen y desde hace años ha sido titular de numerosas oficinas de comunicación en los gobiernos del PAN y del PRI.

Cómo y por qué un alto funcionario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se convirtió en propietario de un periódico que hace 24 años nació identificado con la sociedad civil, es una pregunta que debe ser formulada y tendría que responder el director de El Sur, Juan Angulo. Y de paso, también si es pura casualidad que la venta de El Sur se produzca un año antes de las históricas elecciones del 2018.

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