Otro País/Tomás Tenorio Galindo

Socavones, de Las Cruces a Cuernavaca

Como en el caso del socavón que ayer causó la muerte de dos personas en el paso exprés de la Autopista del Sol en Cuernavaca, la matanza de 28 reclusos perpetrada el 6 de julio en el penal de Las Cruces por un grupo rival es un episodio que tiene su origen en la negligencia de las autoridades responsables de las cárceles del estado de Guerrero.

En Cuernavaca, desde hace más de un mes los vecinos de la colonia Chipitlán, próxima al sitio donde se abrió el socavón, alertaron por escrito a las autoridades del riesgo que existía de que ese tramo de la autopista sufriera un derrumbe, e incluso realizaron protestas públicas sin que nadie les hiciera caso.

Sí fueron las lluvias la causa física de la zanja, eso es evidente, pero fue la indiferencia e inactividad de las autoridades, destacadamente del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón, quien no hizo caso al clamor de la población, lo que ocasionó el colapso de la vía y las dos muertes.

Lo mismo sucedió en el penal de Las Cruces, la cárcel más importante de Guerrero y con anterioridad motivo de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a las numerosas irregularidades detectadas en su operación, como la sobrepoblación y el control ejercido por grupos de reos. La más reciente de esas alertas fue hecha apenas en mayo pasado, según informó la propia CNDH, y a juzgar por los acontecimientos del 6 de julio, fue desatendida.

La toma de los penales por los grupos de la delincuencia organizada no es un problema exclusivo de Guerrero. De acuerdo con la CNDH, el sistema penitenciario del país “está muy lejos” de los estándares internacionales y de lo que mandata la Constitución. Según el más reciente diagnóstico del organismo, de 131 penales que visitó durante 2016, en 66 encontró condiciones de autogobierno o cogobierno entre las autoridades y los reclusos, lo que simplemente quiere decir que los que mandan ahí son los presos y no las autoridades. Además de la sobrepoblación, presente en prácticamente todas las cárceles, la CNDH documentó pésimas condiciones materiales y de higiene, y falta de atención médica para los internos. Todo lo cual traza un cuadro severo de violación de derechos humanos. (La Jornada, 8 de junio de 2017)

Nada de todo ello es desconocido por el gobierno de Guerrero ni por los funcionarios de cuya responsabilidad dependen las cárceles. A pesar de los operativos de desarme practicados en los penales, y en el de Las Cruces se realizan con cierta periodicidad, la situación interna no cambió. Es cierto que la reclusión en el mismo espacio de internos por delitos federales y comunes genera riesgos adicionales de violencia, pero aun así es perceptible que como en los casos de otros penales, en el de Las Cruces lo que fue determinante fue la complicidad entre las autoridades y los custodios de la prisión con los líderes de los grupos delincuenciales que purgan ahí sus sentencias, razón por la cual tres custodios están acusados de haber participado en la agresión.

Hasta este día se desconoce la situación jurídica del ex director del penal de Las Cruces, Miguel Ángel Gómez Garduño, destituido y detenido de inmediato tras la riña, pero lo más probable es que sea responsabilizado de los hechos. Pero no es el único responsable. También lo es Miguel Angel Orihuela Hernández, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública encargado de las cárceles del estado, quien por su cargo era el destinatario directo de las advertencias de la CNDH sobre las peligrosas condiciones que había en el penal de Las Cruces. Orihuela Hernández dudosamente podría justificarse, pues está en ese puesto desde hace seis años y, se supone, conocía la situación de los centros de reclusión. Las responsabilidades alcanzan incluso al general Pedro Almazán Cervantes, quien igualmente lleva ya varios años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. A ellos concierne la negligencia que creó las condiciones para el estallido de la violencia en el penal de Las Cruces, como al delegado de la SCT en Cuernavaca por el socavón en la autopista. Porque no todos los socavones son fortuitos y consecuencia de las lluvias.

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