Otro país/Tomás Tenorio Galindo

Pase automático a la impunidad

Algo sucedió a finales de abril pasado, que motivó un cambio radical en la postura del presidente Enrique Peña Nieto acerca del llamado “pase automático” para que el actual procurador ocupe el cargo de fiscal una vez aprobada en definitiva la transformación de la Procuraduría General de la República.

Hacia el día 20 de ese mes, las comisiones responsables del Senado de la República tenían listo el dictamen para eliminar ese “pase automático” previsto en el proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República, elaborado a partir de una iniciativa enviada en noviembre de 2016 a esa cámara por el propio presidente Peña Nieto. Pero después de abril, todo cambió y los legisladores del PRI regresaron a su posición original de hacer fiscal por la vía rápida al procurador Raúl Cervantes Andrade, lo que no se explicaría sin una instrucción presidencial.

Bajo la presión social y de los partidos de oposición, hace apenas nueve meses el presidente Peña Nieto había accedido a quitar la cláusula que prescribe la conversión automática del procurador en fiscal, fórmula adoptada tres años atrás en la aprobación de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General. En noviembre anterior envió para ello al Congreso una iniciativa de reforma de la reforma, que se encuentra actualmente en el refrigerador del Senado.

La reforma constitucional aprobada en el 2014, y que el PRI busca ahora consumar, establece el paso automático del procurador a la titularidad de la Fiscalía. La reforma planteada por Peña Nieto anula esa posibilidad y sólo deja abierta la puerta para que el procurador compita por el puesto. “El Procurador que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación”, propone la iniciativa y es lo que los senadores priistas ya habían avalado en abril.

Para presumir su disposición a escuchar a las voces críticas, Peña Nieto afirma en la exposición de motivos que presenta su propuesta “en virtud y en atención a distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional referido, que han sido manifestadas tanto por legisladores como por la propia sociedad y la academia, (por lo que) me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa”.

Si así estaban las cosas todavía en abril, ¿qué ocurrió de entonces a la fecha para que todo volviera a su estado original y el PRI haya retomado el tema como un asunto de alta prioridad? ¿Por qué se evaporó la sensibilidad del presidente Peña Nieto? Sin duda, como todo en estos tiempos prelectorales, la explicación de ello se encuentra en la preocupación por el resultado de la disputa presidencial de 2018. Todas las encuestas publicadas o conocidas desde abril, incluidas las que se realizan por encargo de la Presidencia de la República y que han trascendido a la prensa, anticipan la derrota del PRI y la probable victoria del candidato de Morena. También las anteriores, pero las últimas son más contundentes en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador se sitúa por encima de cualquier otro aspirante, del PRI, del PAN o del PRD, incluso si algunos de estos partidos forman una alianza.

Este es el trasfondo del conflicto que estalló el viernes en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuya manifestación fue el choque entre el PAN y el PRI. La pretensión del PRI de volver a su idea de imponer a Raúl Cervantes en la nueva Fiscalía General de la República fue evidente cuando el 29 de agosto su grupo parlamentario en el Senado dejó fuera de su agenda la iniciativa de Peña Nieto para anular el pase automático, la misma que en abril estaba dispuesto a aprobar.

Tras el sainete en el que el viernes primero los priistas llevaron en hombros al panista Ernesto Cordero a la presidencia de la mesa directiva del Senado, quedó dispuesto el escenario para aprobar la Ley de la Fiscalía General –la ley secundaria de la reforma constitucional– en sus términos originales y con el pase automático. Con los cinco votos panistas que tanto repudio causaron en su partido, el PRI tiene los sufragios suficientes para poner en marcha el nuevo órgano de procuración de justicia, cuya esencia es su autonomía e independencia, la misma que con Raúl Cervantes quedaría hecha añicos.

Es inocultable que con toda esta operación el PRI y el gobierno de Peña Nieto –y él mismo, desde luego– buscan garantías de impunidad para cuando el sexenio termine. El periodo que Raúl Cervantes permanecería en la Fiscalía es de nueve años. Ese tiempo basta para hacer prescribir los escándalos de corrupción que han distinguido al gobierno de Peña Nieto. O para hacerlos olvidar.

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