Otro país/Tomás Tenorio Galindo

La UPOEG, el brazo armado de Ángel Aguirre

En la madrugada del jueves 28 de septiembre ocurrió un violento ataque armado a la sede del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), una policía ciudadana establecida en Tierra Colorada, población situada a medio camino entre Chilpancingo y Acapulco. Simultáneamente fueron atacadas las casas de dos consejeros del FUSDEG. Los atacantes usaron armas de alto calibre tipo Barret, HK y hasta una granada de fragmentación, informó la organización atacada. El saldo fue de un muerto y al menos dos heridos.

El FUSDEG responsabilizó de la agresión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), otra policía ciudadana, que al día siguiente negó haber participado en la agresión y solicitó a la Fiscalía General de Estado realizar “las investigaciones correspondientes de manera exhaustiva para el esclarecer los hechos”, pues “nos interesa llegar a la verdad jurídica, política e histórica de este lamentable hecho y atentado, para que no quede impune ni se proteja desde el poder a los responsables”.

Pero pese a la negativa de la UPOEG, tiene razón el FUSDEG. Todo apunta a que fue la UPOEG, un grupo que desde hace unos tres años mantiene el control de la carretera libre Chilpancingo-Acapulco –excepto el área de Tierra Colorada— y cuyo líder, Bruno Plácido Valerio, ha sido acusado públicamente de poner a esta autodefensa al servicio del crimen organizado.

Para comprender el ataque de hace ocho días debe recordarse que no es la primera vez que la UPOEG ataca al FUSDEG. Después de fundar en enero de 2013 la policía ciudadana, con el consentimiento y el apoyo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, Bruno Plácido comenzó un proceso de expansión que lo llevó a controlar la zona que va de Tecoanapa a Tierra Colorada, la cabecera del municipio de Juan R. Escudero, y más tarde estuvo a punto de entrar incluso a la capital del estado. En febrero de 2014, cuando se hallaba en la plenitud de su poderío, el propio Plácido Valerio informó que la Policía Ciudadana de la UPOEG estaba integrada por mil 160 efectivos y tenía 800 armas.

Frenado por el gobierno en Chilpancingo, Bruno Plácido se dirigió hacia Acapulco y levantó un campamento en Xaltianguis, y en marzo de este año irrumpió en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la zona del conflicto social causado por el proyecto de la presa La Parota. Lo hizo a pesar de que con anterioridad las comunidades de Cacahuatepec opositoras a la presa habían invitado a la Policía Comunitaria de la CRAC, la organización comunitaria más antigua de Guerrero. Este movimiento lo hizo de la mano de empresarios que han visto afectados sus intereses en el aprovechamiento de la grava que produce el río Papagayo. La presencia de la UPOEG ahí dio lugar a nuevas tensiones y generó el riesgo de un choque armado entre la UPOEG y la CRAC. Con esta situación abierta, policías de la UPOEG masacraron a una familia el viernes 9 de junio de este año en una comunidad de la misma zona de Cacahuatepec, cerca de Acapulco.

Como dijimos hace dos meses, todo lo que tocan Bruno Plácido y la Policía Ciudadana de la UPOEG se descompone. Una vez asentado hace tres años en Tierra Colorada y extendida su fuerza hacia Mojoneras y Ocotito, comunidades del municipio de Chilpancingo, un grupo se escindió de la UPOEG y creó el FUSDEG, con el mismo propósito de combatir a la delincuencia. El FUSDEG, que hizo de Petaquillas su principal base, arrebató a Bruno Plácido el control de Tierra Colorada, Mojoneras y Ocotito, aunque hoy su principal actividad es defenderse de la UPOEG (y la de la UPOEG combatir al FUSDEG).

La obsesión de Bruno Plácido por recuperar los territorios que el FUSDEG le quitó ha provocado ya unos veinte muertos de casi tres años a la fecha. El 30 de marzo de 2015 la UPOEG y el FUSDEG se enfrentaron en San Juan del Reparo, comunidad del municipio de Juan R. Escudero, con un saldo de cuatro muertos. La versión más sólida es que se trató de una emboscada de la UPOEG contra el FUSDEG. El 24 de octubre de 2016 se volvieron a enfrentar en Tlayolapa, comunidad también de Juan R. Escudero, con un saldo de siete muertos de ambos bandos. El enfrentamiento se desató por una incursión de la UPOEG contra el FUSDEG, aunque se atribuyó al FUSDEG haber hecho el primer disparo. Un mes después, el 24 de noviembre, se produjo otro enfrentamiento, esta vez en las proximidades de Tierra Colorada, cuando la UPOEG intentó apoderarse por la fuerza de esta población con un fuerte despliegue de fuerza. Que en esta ocasión no haya habido muertos ni heridos fue resultado de la suerte y de la intervención de la policía del estado, pero otros incidentes han dejado más muertos, y a todos debe sumarse la víctima del reciente 28 de septiembre.

En un extraño desafío al gobierno, Bruno Plácido Valerio declaró a finales de julio pasado que la Policía Ciudadana de esa agrupación no se desarmará ni permitirá que las autoridades lo hagan. Esa actitud violenta y arrogante de Bruno Plácido pareció confirmar todas las sospechas que se ciernen sobre él, pues su comportamiento no corresponde al de una organización social, sino al de un grupo delincuencial.

El desarme de la UPOEG se estableció como una necesidad en el estado de Guerrero cuando hace cuatro meses integrantes de la Policía Ciudadana asesinaron a siete personas, incluidos tres niños, uno de ellos de sólo cuatro meses de edad. Bruno Plácido intentó justificar la matanza con la mentira de que la autodefensa había sido atacada, pero la Fiscalía General del Estado aclaró que no hubo tal cosa, sino que fueron los policías de la UPOEG los que atacaron sin miramientos a la familia que se encontraba en su casa. Plácido Valerio impidió que los policías responsables de la masacre respondieran ante la justicia, y él mismo se escondió después de esa matanza. Pese a todo, el lunes de esta semana la Fiscalía de Guerrero informó que por ese hecho están detenidos cuatro integrantes de la UPOEG.

A la luz de todos estos acontecimientos, es hora de preguntarse si las actividades de Bruno Plácido son responsabilidad sólo suya o si obedecen a otras motivaciones. Dos meses atrás expusimos que era de la mayor trascendencia el hecho de que el desafío de Bruno Plácido hacia el gobierno de Guerrero tuviera lugar precisamente en el momento en que su amigo y protector, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, ponía en marcha su regreso a la política activa dentro del PRD, partido al que renunció hace poco más de dos años en las circunstancias creadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la detención de su hermano Mateo Aguirre por una acusación de fraude al presupuesto público. Este regreso se produjo durante una reunión realizada en los últimos días de julio en Acapulco, a la que sin embargo Aguirre Rivero no asistió. Ahí se formalizó la incorporación del grupo político de Ángel Aguirre, Izquierda Progresista Guerrerense, a la corriente Alternativa Democrática Nacional que dirige Héctor Bautista López, quien estuvo en el encuentro. Para que no quedara duda de que se trataba de un acto de reivindicación del ex gobernador, los perredistas participantes se deshicieron en elogios al liderazgo de Aguirre Rivero.

Los más de mil efectivos y las 800 armas de que dispone la UPOEG –si no es que ahora tiene más– la convierten en un ejército con capacidad para lo que sus dirigentes quieran. Como desestabilizar el estado, por ejemplo. Es obvio que no habría podido esta organización alcanzar tal capacidad de fuego sin el apoyo del gobierno de Ángel Aguirre. A la pregunta que hicimos aquí hace dos meses –si Aguirre Rivero, como protector y financiador de la UPOEG, compartía las actividades de Bruno Plácido— debemos ahora añadir otra: ¿es la UPOEG el brazo armado de Ángel Aguirre? Porque eso es exactamente lo que dicen los hechos.

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