Otro país/Tomás Tenorio Galindo

A la Cámara, el choque PRI-Anaya

Aparentemente, los gobernadores y los alcaldes no acudirán esta vez a la Cámara de Diputados a gestionar recursos para sus estados en el presupuesto federal. Serán llamados a hacerlo directamente con el gobierno federal, más precisamente con la Secretaría de Hacienda. No sólo los gobernadores del PRI, sino sobre todo los del PAN y los del PRD.

Ese posible traslado de la gestión y negociación de recursos de la Cámara de Diputados al gobierno federal es una consecuencia directa del enfrentamiento que sostienen el PRI y el PAN (éste aliado con el PRD y Movimiento Ciudadano). O dicho más llanamente, es una represalia del gobierno federal hacia el PAN, dirigida a impedir que el presidente nacional de este partido, Ricardo Anaya, tenga intervención en la reasignación de fondos que suele realizarse en la Cámara de Diputados, operación en la que se satisfacen intereses y jugadas políticas de todos los partidos.

Además de imponer un castigo a la insolencia del dirigente del PAN, a quien desde el poder se considera traidor por motivos que la sociedad ignora y sobre los cuales los analistas especulan profusamente, con esa maniobra el gobierno federal brindará mayor protagonismo al de por sí poderoso secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que casualmente es también el precandidato presidencial más visible del PRI y cuyo discurso, por añadidura, es ya de candidato medio destapado.

Un anticipo de esa estrategia frente al PAN es la propuesta que el PRI presentó el jueves pasado para crear en la Cámara de Diputados una comisión especial para investigar el presunto enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya, a la que los diputados panistas respondieron afirmativamente con el planteamiento de que también investigue las actividades empresariales del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza. Quién sabe si esta idea se concrete, pero por lo pronto introduce un nuevo factor de presión en el enfrentamiento PRI-PAN, y entorpece de una manera eficaz las deliberaciones que de cualquier manera tendrán que realizarse en San Lázaro para el procesamiento del paquete económico de 2018.

De acuerdo con diversas versiones periodísticas, la campaña del PRI contra el líder del PAN –sin antecedente en la política reciente del país— tiene la finalidad de acabar políticamente con Ricardo Anaya, lo que significa destruir toda posibilidad de que se convierta en candidato presidencial del Frente Ciudadano. Según tales versiones, Anaya es el nuevo enemigo político del presidente Peña Nieto, y desde Los Pinos se estaría promoviendo la campaña en su contra.

Como ya se sabe, el distanciamiento entre el PAN y el gobierno de Peña Nieto se produjo por los resultados de las elecciones del pasado 4 de junio en el estado de México y Coahuila. Se cree que había un acuerdo entre el PRI y el PAN (y también con el PRD) para que el PAN reconociera el triunfo del PRI en la entidad mexiquense a cambio de que el PRI reconociera el triunfo del PAN en Coahuila. Una señal de la existencia de ese pacto fue la rara decisión del PAN y del PRD de no aliarse en el estado de México mientras organizaban la creación de lo que luego se convirtió en el Frente Ciudadano por México, pues esa alianza le habría permitido al candidato común superar a la candidata de Morena y ganarle al PRI. En Coahuila la victoria le fue adjudicada al PRI, con la protesta del PAN por las numerosas y notorias irregularidades ocurridas en el proceso electoral, lo que dio lugar al primer intercambio de golpes entre ambos partidos. No se sabe en realidad quién traicionó a quién, pero desde entonces no ha cesado la confrontación, que después de tener una nutrida expresión en las páginas de los periódicos ahora será llevada a la Cámara de Diputados.

Margarita Zavala y El Bronco, “independientes”

Aun cuando muchos de los 86 aspirantes registrados como precandidatos independientes a la Presidencia de la República quedarán habilitados para buscar las 866 mil 593 firmas de electores que les son requeridas para convertirse en candidatos, son poquísimos los que en realidad podrán pasar esa aduana legal. Es posible que al final solamente lo consigan, o figuren en la contienda, el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, y Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Y de mantenerse en la carrera, de todos modos, ninguno de ellos ganará. Ya no es ese el objetivo de su presencia en la boleta electoral, sino contribuir a la aglomeración de candidatos y a la dispersión del voto opositor, la única vía que en las actuales circunstancias ofrece al PRI cierta probabilidad de conservar la Presidencia. Los dos, el gobernador Jaime Rodríguez y Margarita Zavala (a quien es imposible disociar de Felipe Calderón), ejecutan una obra dictada desde el poder. De Felipe Calderón es de sobra conocido el pacto que hizo en el 2012 con Peña Nieto para cederle la Presidencia a costa de sacrificar a la entonces candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y de Jaime Rodríguez es ostensible que apostó el futuro de su gobierno a una alianza con el PRI. La encomienda de ambos es bloquear y restarle votos a los candidatos del Frente Ciudadano por México, que puede ser el propio Ricardo Anaya, y de Morena, que será Andrés Manuel López Obrador.

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