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Médula
¿Qué hay detrás del cese del fiscal?
La furia con la que fue dado el manotazo en el despido del fiscal para delitos electorales de la PGR, Santiago Nieto Castillo, da una medida de la determinación que parece existir en el gobierno federal para impedir que las investigaciones del caso Odebrecht lleguen hasta la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto. Pero es posible que se trate de un manotazo falso, y de una maniobra para complicar el caso en beneficio de los responsables.
Según la versión oficial, expuesta por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y en este momento encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el titular de la Fepade fue destituido por haber violado el debido proceso, lo que ocurrió al ventilar públicamente pormenores de la investigación que realizaba sobre los presuntos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, en el 2012 integrante del equipo de campaña de Peña Nieto. “Violentó la estricta reserva de los actos de investigación establecida en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, pues se tiene conocimiento de que hizo públicos diversos hechos en medios de comunicación y datos relativos a las investigaciones seguidas por la Fepade, dijo el funcionario el mismo viernes en que dio a conocer la destitución.
Tiene razón Alberto Elías Beltrán. Por motivos no explicados, en una entrevista con el diarioReforma el ex titular de la Fepade dio a conocer el 18 de octubre, dos días antes de su despido, que Emilio Lozoya lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa. “Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte. Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto Castillo al periódico.
Dijo más: que la Fepade investiga indicios que arrojan un posible financiamiento de la empresa Odebrecht a campañas electorales del PRI, y que incluso prepara una acción penal en contra de quienes resulten responsables, según quedó publicado. A una pregunta sobre si existen elementos sobre el uso electoral del dinero de Odebrecht, del dinero de los sobornos que ascienden a diez millones de dólares, respondió: “tenemos información. Estamos desarrollando la investigación hacia ese alcance. En este momento están los testimonios que se han rendido respecto al desvío o al uso electoral de los recursos”. Se permitió incluso advertir: “el caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”. Dos días después de que se publicara todo eso, llegó el fulminante despido.
La indignación que provocó la destitución de Nieto Castillo, compartida lo mismo por el PAN y por Morena, no ha reparado en la veracidad del argumento esgrimido por el procurador suplente, pues el ex titular de la Fepade sí faltó al debido proceso al ventilar públicamente detalles relacionados con la investigación del caso Odebrecht y al denunciar que Lozoya Austin lo había presionado para que lo exonerara. Un poquito peor, porque Santiago Nieto parece haber mentido, pues en la carta, hecha pública íntegra el sábado por el propio Lozoya, no existe presión alguna ni insinuación que pueda ser interpretada como una petición de ser exonerado. Ese oficio, que Emilio Lozoya envió a Nieto Castillo el pasado 16 de agosto, sólo refleja el interés de un posible acusado por saber los cargos que eventualmente le son imputados. A menos que exista otro documento enviado a Nieto por Lozoya, o que la presión denunciada se haya manifestado en otro momento y de otra forma, el ex fiscal electoral mintió al diario Reforma y engaña a la opinión pública.
Sin embargo, y pese a lo anterior, debe ser exhibido el doble e hipócrita rasero que practica la PGR, pues ha habido casos en los que esa institución hoy celosa del debido proceso se ha dado vuelo filtrando documentos y detalles de investigaciones. Fue el caso de la actriz Kate del Castillo el año pasado, por ejemplo, cuyas conversaciones con Joaquín El Chapo Guzmán fueron reveladas profusamente sin que mediara ninguna preocupación ni por el debido proceso ni por los derechos de la actriz en las investigaciones a las que fue sometida, sin que se precisara nunca si estaba acusada o de qué estaba acusada. O el de la ex candidata del PAN a la gubernatura del estado de México, Josefina Vázquez Mota, quien hace seis meses vio el nombre de su familia arrastrado en el fango de acusaciones públicas que más tarde resultaron falsas.
Pero todas las formalidades alrededor del despido de Santiago Nieto son nimiedades. No está claro por qué salió a revelar el contenido de la investigación sobre Odebrecht, ni por qué mintió al citar el contenido de la carta de Lozoya. Si se piensa mal, puede incluso sospecharse que lo hizo para beneficiar al ex director de Pemex –que efectivamente puede ahora invocar faltas al debido proceso–, y que su despido es un montaje destinado a soportar el andamiaje de la maniobra. Todo sería fingido, en el supuesto de que de esa forma adquiría credibilidad la operación. Y si no fuera así, lo importante detrás de todo, sin duda, es que el poder no quiere que nadie se acerque al ardiente tema del financiamiento de la campaña de Peña Nieto.