Partidocracia

La partidocracia ha pervertido a la democracia mexicana al despojar a los ciudadanos del poder de su voto, además de emplear la representación de que gozan en beneficio de los partidos, sus dirigencias y los intereses que más influyen en ellos. El régimen del partido hegemónico parió a la partidocracia, causa de la involución autoritaria presente y del estado de indefensión de la sociedad ante el abuso de poder.

Las reglas del juego de la competencia electoral se definieron a partir de la negociación entre los líderes de los partidos políticos sin considerar a la sociedad. La desconfianza de unos y otros no dio espacio a la ciudadanía. Instituciones y reglas complejas ocasionaron un gasto electoral elevado que ahora se utiliza como pretexto para eliminar muchos de los logros para tener elecciones confiables; sin embargo, no es suficiente, un buen árbitro no hace diestros jugadores tampoco da lugar a un público virtuoso.

La partidocracia ha impedido que la competencia se vuelva escuela de ciudadanía. Al contrario, los candidatos son impuestos a partir del interés de las dirigencias; las campañas son derroche de dinero de origen oscuro; la investigación especializada refiere que 80% de lo que se gasta no tiene origen legal. La diferencia respecto al pasado es que el financiamiento irregular se generaliza, sobre todo quien tiene acceso a las tesorerías públicas o al dinero privado de origen opaco. La colusión entre candidatos y financiadores es la regla, con mayor impacto en quienes tienen más posibilidades de ganar. Quien paga manda y eso ha abierto la puerta grande a la corrupción y al crimen, particularmente en elecciones de ayuntamientos, donde más les interesa.

La partidocracia se exhibió en las elecciones de Coahuila y Estado de México. Morena resolvió sus candidatos a través de encuestas cuyos resultados no fueron de la satisfacción de los competidores, a grado tal que en el estado norteño uno de los desafectos, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, en su rebelión fue postulado por el Partido del Trabajo.

Por su parte MC eludió la prueba de los votos y repudió la tarea que le corresponde, competir en elecciones; inexplicable porque en el Estado de México Juan Zepeda era opción competitiva. Peor los casos del PVEM y del PT que abandonaron a sus candidatos a gobernador en Coahuila en la parte final de la contienda y sin consecuencia legal alguna, en un acto de bochornoso sometimiento al presidente López Obrador, que da cuenta de que en 2024 estarán a merced del mandatario. El PVEM en pleno había respaldado la candidatura de Marcelo Ebrard, ahora la farsa es clara. Los dueños del partido harán lo que se les ordene; no hay partido, pero sí negocio.

Con la derrota del Estado de México el PRI continúa en su crisis terminal. La peor dirigencia en el momento más adverso y desafiante. Después del domingo el tricolor gobernará menos población que Movimiento Ciudadano. Coahuila dará respiración artificial, el resultado será abrumador, mérito del gobernador Miguel Riquelme y del candidato Manolo Jiménez.

Marko Cortés acierta al precisar con anticipación que el bloque opositor continuará independientemente del resultado y al convocar a Movimiento Ciudadano a sumarse a la oposición unificada. Sin embargo, la partidocracia se está imponiendo al negar la democratización de la selección del candidato presidencial. Más que el nombre importa el método para que la sociedad pueda decidir al margen de la farsa que son las encuestas. Debe haber debate, campañas regionales y voto ciudadano. No deben ser los partidos los organizadores por las restricciones legales de financiamiento y de tiempos. Un directorio ciudadano puede hacerlo con libertad y su objetivo es seleccionar democráticamente dos aspirantes que deberán votarse en segunda vuelta dentro de los términos que la ley establece para las precampañas.

La elección de 2024 no sólo puede constituir la dimensión defensiva ante la amenaza del autoritarismo obradorista a la institucionalidad democrática; también debe ser generadora de esperanza. Nada mejor para legitimar y dar credibilidad y autenticidad a la propuesta de transformación que democratizar la selección del candidato o de la candidata presidencial.