CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio de 2017.- Pasada la jornada electoral del fin de semana, los legisladores federales preven sostener un tiempo extra en las actividades del Congreso de la Unión a finales de junio para discutir y aprobar la denominada Ley de Seguridad Interior.

Básicamente se trata de tres iniciativas para reformar el marco legal de las fuerzas armadas —que presentaron los senadores Roberto Gil Zuarth, Miguel Barbosa Huerta, y el diputado César Camacho Quiroz— que expedirían una Ley de Seguridad Interior.

En diversos foros, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha quejado de que los efectivos castrenses realizan labores de seguridad pública en diversas entidades del país, sin que haya protección jurídica para este tipo de actividades que no están contempladas en el marco legal.

En este sentido, el artículo 129 de nuestra Carta Magna dice: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

“Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”, añade dicho artículo constitucional.

Por este motivo, las iniciativas diversas iniciativas proponen regular la actuación de la fuerza armada nacional (Ejército, Marina-Armada y Fuerza Aérea) en asuntos de seguridad interior.

Por ejemplo, uno de los puntos de partida de dichas iniciativas es la “ineficacia” de las autoridades locales (sean entidades federativas o municipios) para hacer frente a las diversas amenazas a la seguridad interior.

Dentro de los principales objetivos esta la de otorgar certeza y seguridad jurídica a las fuerzas armadas y federales, así como a las corporaciones locales, pero sobre todo a la población, en asuntos de seguridad interior.

Las iniciativas contemplan mecanismos de evaluación e incentivos para que las corporaciones locales retomen (o en su caso no dejen de lado) sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública.

El tema de los derechos humanos es un aspecto que resalta y el que,“población en general, expertos, analistas, periodistas y los mismos legisladores, han puesto sobre la mesa como prioritario a atender en la regulación de la actuación de las fuerzas armadas”.

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