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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de junio de 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que no comparte el criterio de los magistrados del Primer Tribunal que ordenó Comisión de la Verdad.
Este lunes, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.
Por su parte, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes iniciarán un proceso de análisis para revisar sus extremos y posicionarse públicamente en días inmediatos, sin embargo, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reconoció como histórica la determinación, así como el exhorto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto para que gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que presten el apoyo y las demás necesidades que requiera conformar dicha Comisión.
En este sentido, horas más tarde, la noche de este lunes, la PGR emitió un comunicado en donde rechaza el criterio de los magistrados, aún así, aseguró que realizará un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo.
Aquí el comunicado íntegro:
Respecto a la resolución informada por el Poder Judicial de la Federación de los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 de un Tribunal Colegiado sobre el caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) manifiesta:
La PGR no ha sido notificada hasta este momento; sin embargo, realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho.
No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación.
Respecto a las acusaciones de tortura, la Procuraduría, a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.
La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso.