Pide diputada sanciones de hasta 10 años a servidores públicos corruptos

ACAPULCO,, Gro., 21 de julio del 2019.- La diputada Mariana García Guillén presentó reformas a la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, para instituir sanciones de hasta 10 años y la inhabilitación definitiva en casos graves de servidores públicos que hayan sido condenados por actos de corrupción.

De acuerdo con un boletín, la iniciativa también prevé que los servidores públicos en esa situación no puedan desempeñarse en espacios públicos o de elección popular y tampoco podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas o gubernamentales.

La diputada de Morena dijo que esta propuesta es necesaria ante la falta de honestidad, transparencia y ética con que se ha conducido en los últimos años la clase política, aunado a la ausencia de un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Al existir estos problemas, es imperante adecuar las leyes tanto federales como locales para castigar ejemplarmente los actos de corrupción, expuso.     

García Guillén refirió que las faltas administrativas graves que regularmente cometen los servidores públicos son el soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos.

Todas estas conductas deben ser sancionadas y dar paso a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, agregó.

Por lo anterior, resaltó que en el marco legal que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, se constituye una herramienta fundamental para combatir y sancionar a los involucrados, sean servidores públicos o particulares. Sin embargo, la implementación ha sido débil y lenta, a pesar de que México ha participado, firmado y ratificado al menos tres de las más importantes convenciones internacionales de combate a la corrupción.

La propuesta fue turnada a la Comisión Ordinaria de Justicia, para su análisis y dictaminación.