CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto de 2019.- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en San Lázaro, se solidarizó con Rosario Robles Berlanga, quien fuera parte del gabinete del ex presidente priísta Enrique Peña Nieto.

“Hasta en tanto no concluya el procedimiento judicial en curso, tiene derecho, como cualquier otra persona, a que se presuma su inocencia y a no ser expuesta públicamente”, defendieron los legisladores del tricolor en un comunicado emitido la mañana de este miércoles.

“La prisión preventiva justificada a la que fue sujeta debe ser entendida como una medida cautelar, no como un castigo anticipado”, indican en el escrito.

Rosario Robles es acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de omisión por el desvío de recursos y afectaciones a la hacienda pública de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

En las primeras horas del martes 13 de agosto fue vinculada a proceso, se le dictó prisión preventiva justificada y fue enviada al penal de Santa Martha Acatitla, en donde se prevé que permanezca al menos dos meses, aunque su abogado Julio Hernández Barros informó que interpondría un amparo.

Por medio del comunicado, el GPPRI puntualizó las razones por las que aboga por la ex funcionaria federal, vinculada a proceso tras la investigación periodística denominada La Estafa Maestra.

Con relación al auto de vinculación a proceso dictado en contra de Robles Berlanga, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresó:

* De conformidad con el principio de la división de poderes, corresponderá exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, con base en las pruebas aportadas por ambas partes, determinar su inocencia o culpabilidad.

* Hasta en tanto no concluya el procedimiento judicial en curso, tiene derecho, como cualquier otra persona, a que se presuma su inocencia y a no ser expuesta públicamente.

* “La prisión preventiva justificada” a la que fue sujeta, debe ser entendida como una medida cautelar, no como un castigo anticipado, que prejuzga su culpabilidad.

* En un auténtico Estado de Derecho, las autoridades están obligadas a conducirse con pleno respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas. Este caso no debe ser la excepción.

La nota en Quadratín México.