ACAPULCO, Gro., 20 de septiembre de 2018.- El diputado de Movimiento Ciudadano Arturo López Sugía presentó en la tribuna del Congreso de Guerrero un exhorto al Poder Ejecutivo del Estado para que bloquee la señal de telefonía celular, transmisión de imágenes y datos en todos los centros penitenciarios de la entidad, para prevenir el delito de extorsión telefónica.

De acuerdo con un boletín, en su intervención el legislador señaló con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que 20 mil de cada 100 mil habitantes son víctimas de ese delito siendo Guerrero el estado del país con más casos.

Consideró que la llamada “cifra negra” en este delito, es alarmante ya que “en el 98.3 por ciento de los casos no se denuncian o no derivan en averiguación previa”.

López Sugía indicó que el Informe anual de resultados del Comité especializado de estudios e investigaciones en telecomunicaciones del periodo 2016–2017 menciona que dentro de los penitenciarios se realizan al año aproximadamente 5.5 millones de llamadas.

“Las cuales, aparentemente son por motivos de extorsión, esto quiere decir que una de las principales fuentes del delito se origina en las cárceles del país”, expresó, y luego calificó de “inadmisible que dentro de las prisiones no existan regímenes lo suficientemente capaces para evitar este mal”.

Citó el caso reciente del periodista Igor Petit, quien el pasado 15 de septiembre fue víctima de una extorsión no completada.

“Como él mismo declaró a través de sus redes sociales, la llamada fue realizada desde el interior de un reclusorio de Santa Martha Acatitla, los números telefónicos que él denuncia tienen ladas correspondientes al Estado de Guerrero; los gobiernos deben de asumir su responsabilidad y mantener control dentro de los reclusorios, de lo contrario, la seguridad jurídica que se le otorga a la sociedad es nula”, señaló.

El diputado fundamentó que el artículo 7 fracción XII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos.

Recordó que esta fracción se adicionó a la ley en el año 2012, por lo que consideró inaudito “que teniendo marcos normativos de este tipo desde 2012, en la actualidad se sigan presentando cifras como las expuestas anteriormente, es nuestro deber como legisladores prevenir que males como estos sigan al alza”.

Por lo cual consideró que los Centros de Readaptación social en Guerrero deben de contar con equipos inhibidores de frecuencia que se ajusten a lo establecido por los lineamientos.

“Es nuestra responsabilidad ejercer correctamente nuestro encargo y cerciorarnos de que en Guerrero se cumpla con la normatividad, solo así podremos asegurar una eficiente lucha contra la delincuencia y empezar a erradicar los males que tanto aquejan a la sociedad” expuso.