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ACAPULCO, Gro., 27 de julio de 2016.- El senador Armando Ríos Piter pidió a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de Guerrero rendir un informe sobre las acciones que se tomaron a partir de que el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, asesinado el pasado 23 de julio, denunciara que había sido amenazado por el crimen.
De acuerdo con un comunicado, a través de un Punto de Acuerdo, el senador guerrerense solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que garanticen la integridad física de la familia de Soto Duarte y desarrollen una investigación que resuelva el asesinato con celeridad y transparencia.
El pasado primero de diciembre de 2015, Ríos Piter presentó un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Gobernación y el gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno de Guerrero, atendieran de manera urgente el problema de inseguridad en Pungarabato, derivado de la denuncia que en ese entonces hizo el presidente Ambrosio Soto Duarte, en la que dio a conocer presiones, extorsiones y amenazas del crimen organizado.
Esta petición también incluía el otorgamiento de medidas cautelares al alcalde y a funcionarios municipales, además de solicitar la aplicación de una estrategia integral de seguridad para todos los municipios que integran la región de Tierra Caliente.
Ríos Piter consideró que Ambrosio Soto, al realizar la denuncia pública, se sitúo en el foco del debate nacional y con ello se expuso aún más: “por ello no podemos permitir que se utilicen después de su muerte estrategias para intentar opacar una trayectoria de trabajo y transparencia”, agregó el senador perredista, al tiempo que estimó que la respuesta del gobierno para dicha denuncia, fue mediocre.
Agregó que no se puede permitir otra historia anunciada sobre ediles amenazados por el crimen organizado y autoridades sordas: “existen otros presidentes como el del municipio de Huamuxtitlán, Mario García Flores y el de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, en Guerrero que han solicitado apoyo de las autoridades” y pidió atención para cada autoridad, y cada ciudadano que denuncie.
Por otra parte, consideró que las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo sobre que Soto Duarte haya viajado al estado de Michoacán “por la noche y en una zona de alta peligrosidad” a pesar de las amenazas en su contra, no ayudan en nada a la credibilidad y responsabilidad que tienen las autoridades.
La propuesta presentada por el legislador perredista, hace un recuento de las amenazas que recibió el alcalde asesinado, que comenzaron el 18 de octubre de 2015, luego de tomar protesta el 30 de septiembre de ese mismo año. La más reciente fue el 8 de julio cuando Soto Duarte difundió en las redes sociales: “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar señor EPN (Enrique Peña Nieto). Tierra Caliente lo necesita”.
También en conferencia de prensa, el alcalde dio a conocer un mensaje telefónico, en el que le advirtieron que sería asesinado en este tiempo de clausuras escolares, y expresó la urgencia de que el gobierno federal regresara la seguridad a este municipio.
Cabe señalar que el 5 de diciembre de 2015, el gobierno federal relanzó la Operación Tierra Caliente, con 500 policías federales que fueron desplegados en la zona. Ese día, asistieron a Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Los elementos fueron retirados de la región y movilizados hacia entidades que tuvieron elecciones el 5 de junio, y también para las entidades donde se da una fuerte movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dejando vulnerable los municipios de la Tierra Caliente.
El 23 de julio por la noche, el crimen organizado cumplió su amenaza. El alcalde Ambrosio Soto fue asesinado a balazos en una emboscada, en el punto conocido como Las Curvas del Cajón, en el tramo de la carretera entre San Lucas, Michoacán, y Ciudad Altamirano, Guerrero. En el ataque también falleció su chofer Omar Macedonio Mejía, un civil presuntamente de los atacantes, y al menos dos federales que custodiaban al alcalde están heridos.