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CHILPANCINGO, Gro., 20 de agosto de 2018.-A nueve años del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, su viuda, Martha Obeso Cázares consideró que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha entrampado el caso para que el olvido debilite el reclamo de verdad y justicia, y pidió al presidente de la República electo Andrés Manuel López Obrador, que reconsidere su llamado al perdón, pues es evidente el rechazo de las víctimas.
Este lunes se llevaron a cabo actividades en conmemoración al noveno aniversario del asesinato del entonces presidente de la Comisión de Gobierno, entre éstas, guardias de honor en el busto colocado en las instalaciones del Congreso del Estado, en donde además de políticos, acudieron integrantes de las organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos.
Esta vez el posicionamiento que Obeso Cázares leyó ante los asistentes estaba firmado por más de 25 organizaciones sociales y fue dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente del TSJ Alberto López Célis, en el que se indicó que en el estado se ha naturalizado la impunidad.
Obeso Cázares dijo que a nueve años continúa la exigencia de justicia de parte de su familia, el esclarecimiento del crimen y castigo ejemplar a los responsables.
Recordó que el caso fue turnado por el ex fiscal Xavier Olea Peláez al TSJ con la intención de cerrarlo y sellar la impunidad lo cual, dijo, no ha sido posible por las flagrantes violaciones al debido proceso.
En su participación, reiteró los señalamientos al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, exigió que se le deje de brindar protección y que se le investigue a fondo por la probable responsabilidad en ese y otros crímenes políticos cometidos durante su administración. Sostuvo que con él son tres gobernadores y ocho fiscales que han sido omisos ante lo cual tienen responsabilidad y deben ser llamados a declarar.
Ante la coyuntura que se abre en la historia del país tras el proceso electoral, hizo un llamado a los actores políticos a que entiendan que el estado actual de impunidad en el que viven miles de familias es insoportable e inadmisible, y que se conduelan, entre ellos el presidente electo a quien llamaron a reconsiderar su posicionamiento de perdón.
“Es evidente el rechazo de las víctimas a este llamado, pues nadie puede personar el daño ajeno y no debe ser competencia del Estado llamar al perdón, sino hacer realidad la justicia”, insistió.
Indicó que lo que quieren las víctimas, abandonadas a su suerte y con dolor a cuestas, es la verdad, la justicia y la memoria.