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ACAPULCO, Gro., 15 de enero del 2020.- Para que todas las autoridades municipales se involucren en vigilar y proteger los derechos humanos como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Carlos Cruz López propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
De acuerdo con un boletín, en el documento leído desde tribuna, el legislador de Morena refiere que tanto nuestra Carta Magna como los Tratados Internacionales mencionan las normas relativas a los derechos humanos que favorecen en todo tiempo a las personas y les concede la protección más amplia.
Además, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y prevé que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Sin embargo -abundó-, la aceptación, el respeto a los derechos humanos y a la libertad ha evolucionado en forma lenta, porque en la actualidad se siguen dando casos discriminatorios en contra de algunas personas, lo que no debiera existir en estos tiempos, sobre todo cometidos por funcionarios públicos.
Por eso propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para establecer que la vigilancia de la administración municipal se distribuirá entre los regidores conforme a los siguientes ramos; de Equidad y Género y Derechos Humanos, y que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos cuidar la igualdad entre mujeres y hombres, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y fomentar la protección y el respeto de los derechos humanos.
Asimismo, deberán, junto con los comisarios municipales, vigilar el efectivo cumplimiento de los principios establecidos en los artículos 1º, 4º, 5º, 24 y 130 de la Constitución Política Federal.
El diputado Cruz López propuso, además, reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que al momento de dictaminar algún asunto, las comisiones legislativas deberán convocar al promovente de la iniciativa, a especialistas en la materia, representantes de organizaciones y ciudadanos para escuchar sus opiniones.
La primera iniciativa se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación y la segunda a la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para su análisis y emisión de los dictámenes correspondientes.