Piden incluir a pueblos originarios en tareas de erradicación de trata

ACAPULCO, Gro., 17 septiembre del 2019.- La diputada Erika Valencia Cardona propuso que la Asamblea de los Pueblos, de acuerdo con sus usos y costumbres, participe en las tareas de prevención y erradicación de la trata de personas en las comunidades originarias, incluido el matrimonio forzado y la práctica de la dote como negocio.

De acuerdo con un boletín, al presentar su propuesta, la legisladora de Morena señaló que el problema de la trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo y en el que México figura como el segundo país con más víctimas de este delito.

Manifestó que el organismo no gubernamental “Tlachinollan” ha denunciado públicamente que en la Montaña la marginación y pobreza extrema orillan a algunas familias a entregar en matrimonio, a cambio de una “dote” que se traduce en especie o dinero en efectivo, a sus hijas que cumplen 12 años.

Recordó que para atender esta problemática, en el 2012 se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que establece penas de 4 a 10 años de prisión y 200 a 2 mil días de multa al que obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia, o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerzan una autoridad sobre ella, además de la declaratoria de nulidad.

Expuso la diputada que su iniciativa tiene como finalidad erradicar y prevenir el delito de trata de personas en los pueblos originarios, los matrimonios forzados y la práctica de la dote como negocio, a través de los miembros de las comunidades originarias.

También plantea que las comisiones de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y Para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, participen en la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Erradicación, Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Trata de Personas en el Estado.

Iniciativas

Con el propósito de establecer penalidades de 6 a 12 años de prisión, de 400 a 1200 días de multa y la reparación del daño a quien descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos en canales pluviales o cualquier lugar que no sea el destinado para el correspondiente tratamiento, el diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) propuso reformar el Código Penal del Estado.

El diputado Jesús Villanueva Vega, de Morena, propuso modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para establecer que el personal de las instituciones policiales que sea separado de su cargo porque no cumple con los requisitos que señala la Ley, en ningún caso procederá su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido en contra de violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación.

Además, que el Estado o los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización que constará de tres meses de salario, 20 días por año laborado y lo que resulte de los proporcionales del último año en que prestó sus servicios por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal acredite que se pactaron expresamente.