Piden informe sobre distribución de insumos en hospitales

ACAPULCO, Gro., 13 de mayo del 2020.- La diputada Nilsan Hilario Mendoza (Morena) propuso un exhorto al Ejecutivo estatal para que informe al Congreso sobre los recursos económicos destinados a la atención de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, desglosando por rubros los costos de los insumos adquiridos, asignaciones a cada centro de trabajo del Sector Salud, así como de lo proveído por el Gobierno Federal.

De acuerdo con un boletín, en esta propuesta que fue turnada a la Comisión de Salud, la legisladora manifestó que es preocupante la pasividad de quienes están como responsables de las tareas de atención de la emergencia sanitaria en el estado, ya que sólo se han dedicado a replicar, sin establecer de manera propia acciones o medidas que complementen lo establecido por el Gobierno Federal.

Asimismo, expone que es realmente preocupante que el personal de Salud se haya manifestado desde el inicio de la pandemia en exigencia de la dotación de insumos sanitarios, señalando que carecen de lo indispensable y, consecuentemente, quedan expuestos a ser contagiados al prestar atención a personas con el virus, cosa por la que ya se han presentado incluso decesos.

La diputada recordó que para hacer frente a la pandemia, el Gobierno Federal ha adquirido material e insumos en el extranjero, mismos que, en cuanto son recibidos, se mandan a los estados para su respectiva distribución entre las jurisdicciones sanitarias, hospitales y centros de salud; sin embargo, dijo que es necesario saber por qué en medios de comunicación se ha dado a conocer la insuficiencia de estos materiales y por qué, además, el DIF Guerrero es el que está haciendo la mayoría de las entregas.

Por esta causa, la también secretaria de la Comisión de Salud planteó exhortar al Ejecutivo estatal para que informe a esta Soberanía, en un término que no exceda los 5 días naturales, qué cantidad de recursos económicos del estado se ha destinado a la atención de la emergencia sanitaria; desglosando por rubro las cantidades y costos de los insumos adquiridos; a qué empresas se adquirieron, así como los montos de insumos distribuidos a cada centro de trabajo del Sector Salud; mismo procedimiento que deberá observar en cuanto a lo provisto por el Gobierno Federal.

Acuerdos

A la Comisión de Protección Civil se turnó un exhorto presentado por el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán, para que el Ejecutivo estatal instruya al titular de la Secretaría de Protección Civil, a efecto de que, en coordinación con su similar del municipio de Chilpancingo, realicen una inspección en viviendas de las colonias Tlacaelle y Héroes de Guerrero, de esta capital, y determine la viabilidad del suelo para su uso habitacional, inspeccionando principalmente aquellas que han resentido daños por hundimiento de suelo, o en su defecto, se realicen las acciones necesarias para su reubicación.

Intervenciones

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Enfermería, la diputada Verónica Muñoz Parra externó su reconocimiento a las y los enfermeros de Guerrero y el país, quienes mañana, tarde y noche atienden de manera solidaria y con mística de servicio a los pacientes, y que junto a médicos y demás personal operativo están dando una gran pelea contra el Covid-19.

“Debemos reconocer ese trabajo extraordinario, titánico, difícil y heroico; hay que cuidarlos, valorarlos y respetarlos; ellos son nuestros héroes en la lucha constante contra este virus”, enfatizó.

En otro punto, la diputada Guadalupe González Suástegui intervino en relación con el Decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dispone de las Fuerzas Armadas para que lleven a cabo tareas de seguridad pública durante cinco años. Consideró que esta medida es una franca militarización del país.

Agregó que si bien la reforma en materia de Guardia Nacional faculta al Poder Ejecutivo a disponer de las Fuerzas Armadas, ésta tiene sus limitaciones y condiciones impuestas por Tratados Internacionales, que obligan a mantener un mando estrictamente civil, lo que no ocurre en los hechos ni en el decreto publicado el pasado lunes.

En relación con el tema, el diputado Celestino Cesáreo Guzmán (PRD) dijo que estarán atentos de que la incursión de las Fuerzas Armadas no signifique un retroceso en los derechos humanos, y de que no se repitan episodios amargos de todos conocidos en las diferentes regiones del país. Mientras que su compañero de partido, Bernardo Ortega Jiménez, recordó que siempre han estado en contra de la militarización del país porque aumenta los índices de violencia y de violación de derechos humanos.

En su oportunidad, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez (PRI) refirió que en estos momentos es difícil hacer una completa valoración de la Guardia Nacional, por el corto tiempo que sus elementos llevan desplegados. Sobre la incorporación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, consideró que es válida y necesaria para el fortalecimiento de la estrategia, algo que de antemano estaba previsto desde su creación.

Por Morena participó el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, quien destacó que el problema de inseguridad en el estado y el país no inició ayer, sino que es histórico y ha causado estragos en todo el territorio nacional, ante lo cual es importante la participación legal del Ejercito en las tareas de salvaguarda y combate al crimen, por ser una de las instituciones más calificadas, ordenadas y rectas.

Del mismo partido, el diputado Moisés Reyes Sandoval refirió que cuando gobernó el PAN sí se militarizó la Nación, lo que propició un lapso sangriento para Guerrero y en especial para Acapulco.  Dijo que es necesario conocer el Acuerdo emitido en materia de seguridad para darse cuenta de cómo el Ejército coadyuvará con la Guardia Nacional en tareas de seguridad interna.

Mientras que el diputado Marco Antonio Cabada Arias, también de Morena, precisó que esta estrategia de combate a la inseguridad no puede compararse con las de los sexenios panistas, pues para la creación de la Guardia Nacional se desarrollaron foros en que participaron gobernadores, sociedad civil y múltiples actores políticos. Detalló, además, que el Ejército no estará subordinado a ningún mando civil y que no existe ilegalidad.