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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre de 2025.- La diputada Margarita García García, del PT, promueve una iniciativa para establecer que la persona que ejerza la patria potestad, que sea la responsable de administrar lo correspondiente a pensión alimenticia y no la esté ocupando en sus menores hijos o personas interdictos, sea sancionada con prisión, multa, reparación del daño y la privación de los derechos de familia.
Señala un comunicado que la adición de un artículo 336 Ter al Código Penal Federal, turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, precisa que el castigo consiste de un año a cinco años de prisión, o de 250 a 450 Unidades de Medida y Actualización de multa, privación de los derechos de familia, y el pago de la reparación del daño en caso de afectación patrimonial.
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