Impulsamos obras que promueven renacer de Acapulco: Evelyn Salgado
ACAPULCO, Gro., 23 de agosto de 2017.- Para que las instituciones de salud tengan la facultad de interrumpir legalmente un embarazo a quienes hayan sido víctimas de violencia sexual, el diputado Jonathan Ensaldo Muñoz propuso reformar el Código Penal del Estado.
De acuerdo con un boletín, en el documento, el legislador señala que las reformas tienen como objetivo contribuir a generar un marco jurídico y normativo que permita garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el estado.
Y es que dice que la posición oficial de las instancias de los Servicios Estatales de Salud,es que no es posible en la entidad aplicar los criterios y lineamientos normativos federales para la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, aduciendo una supuesta contradicción entre las disposiciones locales con las federales, restringiéndose el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos.
Agregó que la negativa por parte de las instancias encargadas de salud, existiendo una Norma que les obliga a la prestación de esos servicios de salud, trae una serie de consecuencias de carácter irreversible y permanente que trastocan el proyecto de vida de las mujeres víctimas de esta violencia sexual en múltiples aspectos, desde el de la salud hasta el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Por eso, para evitar que existan inconsistencias legales que restrinjan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas de violación, propuso reformar el Código Penal para establecer que las instituciones de salud médica presten servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación.
Además, para plasmar que en caso de que la víctima de violación sea menor de 12 años, las instituciones deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
En otros asuntos, la diputada Yuridia Melchor Sánchez también presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado para eliminar la obligación de que, previa a la autorización de la práctica del aborto, se comprueben los hechos por parte del Ministerio Público en los casos de violación.