Plantean cambios en Ley de Responsabilidad Patrimonial de Guerrero

ACAPULCO, Gro., 16 de octubre de 2025.- Con la finalidad de garantizar que las y los ciudadanos reciban indemnizaciones justas y oportunas por daños a sus bienes o derechos derivados de la actividad administrativa irregular del Estado, el diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa de decreto por la que se adiciona el Capítulo VIII “De la Previsión Presupuestal” que incluye los artículos 53, 54, 55 y 56 a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y sus Municipios.

Según un boletín, durante la exposición de motivos, el legislador explicó que la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y sus Municipios representa un avance en el reconocimiento del derecho de las personas a ser indemnizadas por daños ocasionados por la actuación irregular de las autoridades. Sin embargo, señaló que su aplicación reciente ha evidenciado limitaciones debido a vacíos normativos, procesos burocráticos y falta de mecanismos claros para atender las reclamaciones.

Suárez Basurto destacó que la reforma busca fortalecer el marco jurídico estatal bajo los principios de responsabilidad objetiva y directa establecidos en el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el Estado debe responder de manera inmediata por los daños ocasionados, sin necesidad de demostrar dolo o culpa del servidor público involucrado.

Subrayó que la reforma contempla la creación de una partida presupuestal específica dentro del gasto público para cubrir las indemnizaciones, así como la posibilidad de que los entes públicos contraten seguros de responsabilidad patrimonial, con el objetivo de garantizar el pago oportuno a las personas afectadas.

Informó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) el 81.4 % de la población identificó los baches como el principal problema urbano en sus ciudades, indicadores que reflejan un deterioro generalizado de la infraestructura urbana y la necesidad de establecer mecanismos legales que permitan exigir compensaciones cuando los daños sean consecuencia de omisiones o negligencia gubernamental. “La ciudadanía no debe seguir pagando las consecuencias del abandono institucional”, sostuvo.

Finalmente, el legislador puntualizó que la iniciativa busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública, garantizando que los recursos destinados a la reparación de daños se apliquen con responsabilidad.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.