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ACAPULCO, Gro., 10 de julio de 2023.- Ante la violencia criminal y la ejercida por el Estado, participantes del foro Justicia y Seguridad sugirieron registrar los hechos, por la falta de un Centro de Documentación Histórica de las Violencias en la entidad, que permita a las personas ser corresponsables ante la crisis, para que desde donde se encuentran puedan actuar.
Durante la mesa Seguridad Ciudadana, en la que participaron el director de Quadratín Guerrero, Ricardo Castillo Díaz; el investigador, Omar Villegas Salas; la integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino; y el exfiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Víctor Parra Téllez, se mencionó la necesidad de documentar para visibilizar los crímenes cometidos, ya que el pasado mantiene una herida social y la exigencia de justicia.
El investigador Omar Villarreal advirtió que en la medida en que la sociedad pueda conocer el dolor de las víctimas, la sociedad podrá ser corresponsable ante la crisis, para que desde donde se encuentre, pueda actuar.
Omar Villarreal presentó algunos resultados de su investigación que tituló Nuestra crisis como herida, en la que destacó la actual violencia como una herida profunda que se remite al pasado, con las matanzas contra los integrantes de los movimientos sociales a partir de las décadas de 1960 y 1970.
A su vez, el director de Quadratín Guerrero, Ricardo Castillo resaltó el linchamiento en una violenta campaña contra los medios de comunicación desde Palacio Nacional y, el dilema al que se enfrentan al visibilizar los serios problemas de inseguridad y de justicia, censurándose, debido a que también son víctimas del crimen organizado, del poder y el gobierno.
Reclamó que como sociedad, no hay una preocupación de proteger a los periodistas y por el contrario se les llama chayoteros, como se les dice ahora desde el poder, lo cual consideró necesario cambiar. “Buscamos transitar de hacer un periodismo que consigna hechos a que sean las víctimas las que hablen”, señaló.
Hizo un llamado a las personas asistentes a tocar la puerta de los medios de comunicación y no dejar las quejas o comentarios en las redes sociales para que no sólo sean medios de justicia, sino de paz.
Ricardo Castillo lamentó que luego del escándalo protagonizado por la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez cuando fue captada saludando de mano a un hombre armado, no haya un solo pronunciamiento oficial, salvo lo que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina tres días después.
Antes, la integrante de la OCSS Norma Mesino exigió al Congreso y al gobierno estatal una agenda que ayude a resolver los crímenes perpetrados por el Estado desde la década de 1960, los cuales no se han detenido y se mantienen en la impunidad.
“Si es verdad que estamos en una transformación de la política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda con justicia a las víctimas. La paz es fruto de la justicia, no basta con buenas intenciones o con un cambio de gobierno, es indispensable una política clara de impartición de justicia que termine con la impunidad”, subrayó durante su participación en el foro que se llevó a cabo en la Universidad Loyola este fin de semana.
La represión de la OCSS, afirmó, no concluyó con la masacre de Aguas Blancas, ya que en 29 años de vida de la organización, más de 50 de sus compañeros han sido asesinados, incluidos sus hermanos Rocío y Miguel Ángel, cuyos crímenes continúan en la impunidad.
Por otra parte, el exfiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Víctor Parra Téllez dijo que son complejas las investigaciones por desaparición de personas.
Advirtió que no hay interés del gobierno para atender este delito, de ahí que sean cada vez más colectivos de familiares los que buscan a sus seres queridos no localizados.
A lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las desapariciones y de que habría recursos ilimitados para atender el problema, Parra Téllez mencionó que no hay tales, debido a que en su paso en la Fiscalía Especializada se topó con falta de trabajadores certificados y limitantes en la infraestructura, la operación y equipo, por lo que reconoció que falta capacitación y dignificación de las instituciones encargadas de impartir justicia.